De haber iniciado después del 1º de octubre del 2024, la “Operación Enjambre” pudo haber sido la primera acción coordinada de la nueva administración y haber marcado una clara diferencia respecto del sexenio anterior, pero no fue así.
Las primeras detenciones realizadas bajo la misma denominación fueron realizadas entre agosto y septiembre de este año, teniendo como escenario los municipios de Acambay, Aculco, Tlatlaya y Coatepec de Harinas, lo cual indica que lo efectuado el fin de semana en Amanalco, Ixtapaluca, Naucalpan, Tejupilco, Texcaltitlán y Tonatico, fue la continuidad de la misma Operación.
Lo que eventualmente puede marcar una diferencia es pasar de la sola atención de las causas a la detención de autoridades presuntamente responsables de los delitos de extorsión, secuestro e incluso homicidio; lo que falta es probar dichos ilícitos porque los simples nexos o vínculos con los grupos delictivos no son prueba suficiente para llegar hasta la sentencia condenatoria.
Llama la atención que uno de los acusados haya sido detenido por presuntamente secuestrar por 10 o 15 minutos a unas comerciantes de postres y despojarlas de poco más de 3 mil 500 pesos, además de amenazarlas con cortarles la cabeza si lo denunciaban. A otro se le acusa de haber solicitado a una vendedora ambulante el pago del 10% de sus ventas en beneficio de un grupo delictivo. Uno más es acusado de exigir a una comerciante 5 mil pesos para dejarla vender en un tianguis (Ixtapaluca) y posteriormente mil 500 pesos quincenales para protegerla.
Si en verdad quisieran acabar con la extorsión y cobro de piso no era necesario tanto despliegue operativo y mediático para detener a siete personas y que uno se les haya suicidado “frente a sus narices”, sino convencer a las víctimas a que denuncien, ya que la cifra negra (delitos no denunciados) de este delito es del 99.83% y de los 4 millones 900 mil casos de extorsión que según el INEGI se cometieron en 2023 el 12.9% pagaron y tampoco denunciaron (cifra más alta históricamente); nada que ver con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en el mismo año registró únicamente 10 mil 337 extorsiones, prácticamente nada.
Para mayor precisión, deberían recorrer los tianguis que todos los días y con mayor razón los fines de semana se instalan en diversas zonas del Valle de México, donde es común ver que comerciantes ambulantes entregan cuotas a supuestos líderes y autoridades municipales y de las Alcaldías en un marco de total informalidad y falta de transparencia. Además en el Estado de México hasta autoridades formales han pedido cuota de manera abierta sin que haya consecuencia legal alguna, por lo que el ejemplo cunde.
No está mal que inicien con este tipo de acciones, solo que no serán suficientes si no van acompañadas de un mayor presupuesto y programas de apoyo a las policías municipales y estatales de casi todo el país, para que dejen de ser el eslabón más débil de la estrategia y se conviertan en presa fácil de los grupos criminales para cooptarlos como parte de su cadena delictiva.
Habrá que recordar que en 2020 desapareció del presupuesto el subsidio para el Fortalecimiento a la Seguridad de los municipios conocido como FORTASEG, mismo que en 2016, con 5 mil 600 millones de pesos, sustituyó al SUBSEMUN, que a su vez en 2008 apoyó a 150 municipios que enfrentaban serios problemas de delincuencia con 3 mil 589 millones de pesos del ramo 36.
Falta ver si en esta ocasión las detenciones de una presidenta municipal y directivos de seguridad pública no terminan politizándose como en 2009 con el “Michoacanazo” (por culpa de Felipe Calderón que no “judicializó” los casos), sobre todo porque ahora algunos de los detenidos necesitaron la figura de prisión preventiva justificada para permanecer en reclusión, esa que sale a relucir cuando se trata de casos políticos que tienen que vincularse a proceso a costa de lo que sea para no quedar en ridículo.
La mejor medicina para que ello no suceda es que el Ministerio Público del Estado de México haya obtenido de sus órganos auxiliares que trabajaron antes y después de la Operación “Enjambre” (Policía Ministerial, Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional, Ejército Mexicano) pruebas y evidencias suficientes para configurar los delitos y probar la responsabilidad de los detenidos ante el juez, de lo contrario todo habrá quedado en un tema mediático, ese que el gobierno federal actual dijo que ya no iba a utilizar en esta nueva etapa de la vida pública del país.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
PAL