Está a punto de consumarse: la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso decidirán, sin mayor reflexión, la desaparición de siete órganos constitucionales autónomos.
Una mayoría calificada que no proviene de una votación popular —Morena y aliados obtuvieron 56 por ciento de los votos en la pista legislativa—, sino de una muy discutible interpretación de las autoridades electorales.
Los órganos autónomos fueron de la mano de nuestro proceso de democratización, por lo que su desaparición es un enorme retroceso.
En nuestra historia reciente radica su razón de ser: el régimen autoritario posrevolucionario concentraba una gran cantidad de funciones y atribuciones en el presidente de la República, tanto constitucionales como metaconstitucionales. Cuando la credibilidad gubernamental se volvió nula, se hizo indispensable que varias de las atribuciones del Ejecutivo pasaran a manos ciudadanas, a fin de generar confianza entre los distintos actores políticos.
Fue el caso, por ejemplo, del Instituto Federal Electoral, que comenzó a organizar elecciones sin la intervención del secretario de Gobernación; o del Banco de México, que gracias a su autonomía se encargó de la política monetaria sin la injerencia de Palacio Nacional.
Posteriormente, se crearon órganos constitucionales autónomos como entes de la administración pública especializados técnicamente y que ejecutaran atribuciones naturales del Estado sin sujetarse a los vaivenes de la coyuntura política y electoral.
Surgieron así, entre otros, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos, o la Comisión Federal de Competencia. Hoy todos ellos serán eliminados y sus funciones pasarán nuevamente al gobierno federal.
La eliminación de estos siete órganos constitucionales autónomos significa, por lo tanto, dar más facultades al Poder Ejecutivo. Es una vuelta al autoritarismo hiperpresidencialista que, aunada a la reciente reforma al Poder Judicial, otorga prácticamente un poder ilimitado al mismo grupo político, a pesar de que casi la mitad de los ciudadanos no votó por los partidos ni candidatos de ese grupo político.
Los órganos constitucionales autónomos en México han desempeñado un papel fundamental para contrapesar al gobierno, regular mercados emergentes, aportar análisis técnicos en áreas de alta especialización, y garantizar derechos ciudadanos. No fueron una “creación neoliberal”, como se insiste desde el gobierno, sino una conquista democrática. Quienes festejan su desaparición, mañana lamentarán la indefensión frente al poder que esto significa.
POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL
POLITÓLOGO
@FERDOVAL
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