De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en México el índice de impunidad alcanza el 99%. Eso quiere decir que, por cada 100 delitos denunciados, sólo en uno se logra impartir justicia, lo que por años provocó que disminuyera la confianza ciudadana en nuestras instituciones de justicia.
Por ello, la inseguridad penetró a tal grado de crearnos una realidad que ha transformado nuestra vida diaria y que durante sexenios, poco se había hecho. Las noticias de homicidios, secuestros y extorsiones se normalizaron tanto que desde el gobierno de Calderón los medios han dedicado mayor tiempo a la nota roja, problemática que abonó a la desconfianza en nuestras instituciones de seguridad pública por el descuido de gobiernos omisos.
Dicen que cuando existe voluntad de cambiar las cosas, nunca es tarde para iniciar, por lo que celebro que la actual legislatura coincida en replantear la estrategia nacional de seguridad, fortaleciendo la coordinación institucional y priorizando a las víctimas y ciudadanos, pero, para que eso fuera posible, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma al Artículo 21 de la Constitución que otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) más facultades en la investigación de delitos, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). Un cambio que responde a una de las principales limitantes que enfrentan nuestras fuerzas del orden que por años han sido señaladas como responsables de la falta de acción, cuando en muchos casos están limitadas legalmente lo que les impide actuar con eficacia.
Y a eso obedece la reforma constitucional, consolidar un sistema más eficaz y responsable, en el que se establezca una coordinación más eficiente entre las diversas instituciones encargadas de velar por la seguridad pública. Por ejemplo, se plantea que la investigación de los delitos continúe bajo el mando del Ministerio Público, pero ahora auxiliado también por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y las policías, quienes actuarán bajo el mando de esta última institución, lo que permitirá una gestión más centralizada y organizada de las acciones de seguridad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrá la tarea de auditar los fondos federales destinados a la seguridad, lo que es crucial para evitar la corrupción al interior de estas instituciones.
Lo más relevante de esta reforma es la implementación de acciones preventivas, por lo que parte de las medidas que se incluyen es atender de manera integral las causas estructurales de la violencia, tales como la desigualdad social, la falta de oportunidades y la corrupción. De esta forma, se intenta construir una sociedad más equitativa y pacífica, algo que de plano gobiernos neoliberales nunca voltearon a ver.
Esta reforma es un paso importante y estoy seguro que alcanzará los votos legales para su aprobación y no veo que nadie difiera en la iniciativa de fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues eso significa un primer paso hacia un México más seguro y pacífico para lo cual, la clave del éxito radicará en la coordinación y el compromiso de los tres niveles de gobierno con la justicia.
POR JULIO CÉSAR MORENO
DIPUTADO FEDERAL DE MORENA
@JULIOC_MORENO
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