A Felipe Fernando Macías, presidente municipal de Querétaro, le explotó una bomba en el escritorio. Apenas arrancaba su administración, y la violencia se desató.
Pero la gota que derramó el vaso fue cuando destituyó a Julio Ángel Rodríguez Ceballos, director de inspección, porque además de que supervisaba bares y restaurantes, también tenía licencias a su nombre para operar esos mismos lugares, o sea, era juez y parte.
El escándalo estalló luego de que un ataque en el bar “Mr. Barbas” dejara una licencia con el nombre de Julio Ángel a plena vista. Pero me cuentan que el señor Rodríguez no es ningún improvisado en estos temas.
Resulta que su puesto fue “heredado” por el exalcalde Luis Bernardo Nava, quien lo mantuvo como director de Inspección durante dos administraciones municipales 2018-2024.
Julio Ángel acumulaba decenas de permisos para operar bares y restaurantes, los colocaba en cada uno de esos espacios como si fueran calcomanías. Dicen dentro del gobierno municipal que era el “prestanombres”, el que facilitaba que personajes de reputación dudosa o funcionarios pudieran utilizarlo sin riesgo.
Por eso, hasta ahora, no hay ninguna denuncia en su contra: sacarlo a la luz sería como tirar de una cuerda que expondría a muchos más, tanto en el gobierno local como en el estatal encabezado por Mauricio Kuri.
Desde el 4 de octubre, Querétaro ha sentido el incremento de la violencia, especialmente en bares y lugares públicos. Mi colega Rodrigo Mérida, que sigue de cerca lo que ocurre en Querétaro, ha reportado cómo la marisquería “Mr. Barbas” fue atacada, con una licencia de Julio Ángel muy visible. Poco después, ejecutaron a integrantes de una agrupación musical en el bar “El Mezcalito”, en la zona de Centro Sur, y hubo otro ataque que dejó tres muertos y tres heridos. Y, el colmo: el pasado 9 de noviembre, un enfrentamiento en el Bar “Los Cantaritos” dejó un saldo de 10 muertos.
Querétaro parece estar en una encrucijada. Su ubicación lo convierte en el paso hacia Guanajuato, un estado donde la violencia también es pan de cada día, y hacia San Luis Potosí, cuyas carreteras son cada vez más peligrosas. Las autoridades locales no pueden seguir evadiendo responsabilidades, porque el ambiente está que arde, y no hay justificación para el descontrol.
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RUTILIO ESCANDÓN, SIN VERGÜENZA…NO LA CONOCE
A unos días de dejar el cargo, Rutilio Escandón parece estar muy nervioso. No es para menos: justo cuando ya casi se va, se reporta el robo de documentos de la Auditoría Superior de Chiapas, computadoras y reportes de cuenta pública ¿A qué le teme?
Recientemente, la Auditoría había encontrado graves irregularidades en la compra de vehículos inexistentes y en recursos supuestamente destinados a tareas de seguridad pública que, dicho sea de paso, es un desastre en el estado.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, Tapachula se lleva el primer lugar en percepción de inseguridad en todo el país, superando incluso a Fresnillo. Y la capital, Tuxtla Gutiérrez, no se queda atrás, ocupando el sexto lugar.
El panorama en Tapachula es de terror: disputas entre bandas del crimen organizado en la frontera sur de México, jóvenes reclutados por estos grupos, y cientos de familias chiapanecas que han huido hacia Guatemala desde julio.
Pero Rutilio deja el estado en una crisis de violencia, corrupción y, ahora, con documentación “extraviada” que podría revelar las malas decisiones y manejos de su administración.
Eduardo Ramírez, el gobernador electo, tiene la oportunidad de marcar un cambio significativo en Chiapas. Enfrentará retos considerables, restaurar la confianza ciudadana y mejorar la seguridad, podría encaminar al estado hacia una nueva etapa.
Ramírez podría transformar el legado de problemas en una oportunidad para renovar las instituciones y fortalecer el estado.
Nos vemos a las 8 por el 8
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SofiGarcíaMX
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