Las constituciones son el alma jurídica de una nación; reflejan los acuerdos fundamentales de una sociedad y contienen el delicado equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las responsabilidades del poder público.
En México, este equilibrio ha sido fracturado a lo largo de la historia, especialmente desde la Constitución de 1917. Esta sustituyó el enfoque liberal de la Carta Magna de 1857 en favor de un documento que reflejaba los intereses de la lucha por el poder tras el exilio de Porfirio Díaz y la primera etapa de una lucha fratricida, que no fue más que una guerra civil llamada con orgullo Revolución Mexicana.
Aunque se considera que duró aproximadamente un año, desde la implementación del Plan de San Luis hasta la renuncia forzada del dictador (renuncia que, según algunos historiadores, respondió más a un dolor de muelas que a una derrota militar).
Desde 1917, la Constitución mexicana se ha convertido, para bien o para mal, en un reflejo de los cambios sociales y políticos del país. Si bien es cierto que se han logrado avances como el reconocimiento de los derechos humanos, la igualdad, la misma jerarquía de la ley en cuanto a la Constitución y los tratados internacionales, desde luego, la consolidación de la estructura del Poder Judicial, las reformas de los últimos seis años ha sido desastrosas, han tirado por el caño los pequeños y lentos avances que hemos tenido.
Hace dos siglos, Morelos proclamó: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”. Aunque estas palabras han tenido momentos de relevancia en nuestra historia, ya carecían de peso antes de la más reciente y absurda reforma, que representó el último clavo en el ataúd.
Al igual que muchas cosas en nuestro país, la Constitución ha sido tergiversada y pervertida, pasando de ser una carta de principios a un receptáculo de proyectos políticos, promesas absurdas y populistas, con un pan y circo que ni siquiera llega.
Hoy en día, la Constitución mexicana tiene 136 artículos y más de 70,000 palabras. Desde su promulgación, ha sido objeto de 769 reformas mediante 255 decretos, lo que contrasta con la Constitución de Estados Unidos, que ha sufrido sólo 27 enmiendas en 227 años.
Esta legislatura ha generado la peor inestabilidad y falta de certeza jurídica de nuestra historia. Los cambios constitucionales recientes han tenido profundas consecuencias para la estabilidad del Estado de derecho.
El caso más reciente ilustra el problema en toda su magnitud. Desde 2018, las reformas constitucionales impulsadas por López Obrador y continuadas, queriendo o no por la presidenta Claudia Sheinbaum, deformaron el régimen constitucional mexicano en perjuicio del país. Estas modificaciones han desaparecido la efectiva división de poderes y han convertido a la Constitución en un documento instrumental para legitimar los planes y demagogia del régimen.
La reforma a la Constitución sobre la "supremacía constitucional" que se ha promulgado y publicado eliminó de un plumazo el derecho de los mexicanos a impugnar reformas impuestas, del tipo que sean, destruyendo la única defensa para resistir los abusos del poder, despreciando así los ideales de José María Morelos y Pavón.
La prohibición de impugnar enmiendas constitucionales es sin duda el suicidio de un país, nos disparamos en el pecho, fue decirle al gobierno haz lo que quieras, yo pueblo inclusive renuncio a mi derecho a cuestionar la legalidad de lo que estas haciendo aunque viole derechos humanos.
Lo aceptemos o no, los ciudadanos lo queramos ver o no, lo queramos oír o no, es real. Importa poco si estamos enfocados en subsistir, algunos en enriquecer sus bolsillos o simplemente sobreviviendo al día a día; estemos enfermos o sanos, tengamos esperanza y fe o no, los efectos se darán, perderemos con esto todos, y será en el corto, mediano y largo plazo.
Aquellos que hoy hacen leyes en su beneficio, algún día padecerán los abusos de quienes las aplicarán en el futuro, desde luego a los propios legisladores que hoy hacen estas absurdas leyes, la lucha por el poder en el futuro los alcanzará sin duda, siempre lo hace; y estas reformas a ellos también les regresarán a morder el cuello algún día. Así lo demuestra la historia: dictadores como Mussolini, Hitler, Gadafi y Hussein creyeron ser eternos y que sus decisiones no los afectarían en el tiempo, pero fueron alcanzados por los que llegaron después de ellos.
La presidenta de México insiste en que no se permitirá la tortura ni se eliminará la propiedad privada; quizás no esté en su agenda, pero no debería depender de su palabra y de su buena voluntad. Es esencial y es un derecho la existencia de un recurso efectivo, como el amparo y las controversias constitucionales, frente a reformas que violen derechos humanos. ¿A quién no le quedó claro? ¿Qué pueblo renuncia voluntariamente a esta protección? A México.
La Constitución ha dejado de ser un pacto entre sociedad y Estado para convertirse en el instrumento que legitima el poder arbitrario y silencia a una oposición ineficaz y representada por políticos caricaturescos e impresentables.
¿En qué momento olvidamos que la Constitución debe limitar al gobierno, no servir para que el gobierno limitar al pueblo? Eliminar el debate, la crítica y la posibilidad de cuestionar reformas constitucionales ha sido un suicidio político y jurídico, le hicimos la cama al autoritarismo.
Hoy, la Constitución es un documento que a veces aparenta ser un catálogo de buenas intenciones e imaginarias restricciones políticas y gubernamentales, pero en realidad solo refuerza el poder absoluto de una tribu que se transformó en partido de Estado.
Recordemos que en 2006 se advirtió que el "verdadero innombrable" era un peligro para México; no era propaganda ni campaña sucia, sino una verdad que no quisimos ver, que no quisimos oír, nos concentramos en los excesos del PRI y los desaciertos del PAN, nos tomamos el veneno. En 2024, pedimos la siguiente ronda, y nos la bebimos. Hoy solo queda afrontar las consecuencias de nuestra ceguera e indolencia como país y como pueblo, la suerte está echada.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
EEZ
