La división de poderes es una de las notas esenciales de nuestro sistema republicano, así está en la constitución, con el propósito de garantizar el control constitucional del ejercicio del poder a fin de evitar la concentración y el abuso del poder público y de vivir en democracia.
El artículo 49 de la constitución establece que “el supremo poder de la Federación se divide en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial… que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola personal… y que no debe depositarse el poder Legislativo en un solo individuo”.
La sobrerrepresentación otorgada a Morena en la cámara de diputados y las maniobras para capturar a senadores de oposición para lograr, de manera ilegítima, la mayoría calificada, han vulnerado este principio y han sometido al Congreso a la voluntad del poder Ejecutivo. Adicionalmente, la aprobación de la reforma judicial pone en grave riesgo la independencia del poder Judicial y, con esto, la vigencia del sistema democrático.
No es exagerado concluir que estamos a punto de vivir una crisis constitucional; que avanza rápidamente la deriva autoritaria; y que está en curso un cambio de régimen, impulsado por un aparato de simulación democrática, hacia la dictadura.
Las recientes declaraciones de líderes de Morena, llamando a no hacer caso a las suspensiones que han emitido los jueces de distrito ante múltiples demandas de amparo; y la desproporcionada y furibunda reacción de sus voceros por la decisión del pleno de la SCJN de turnar a revisión -en cumplimiento de su responsabilidad y facultades- las demandas presentadas por la reforma judicial, hace pensar en la cancelación del estado de derecho.
Suponer un golpe de estado de matriz judicial, por el turno de la solicitud de revisión de la reforma judicial, para evaluar su procedencia, es un exabrupto en un momento delicado del arranque del sexenio.
Morena y sus aliados olvidan que en los sistemas democráticos, la división de poderes se concibe como complemento de la regla de la mayoría, ya que protege las libertades individuales y guarda los equilibrios de pesos y contrapesos de nuestro sistema político. El grupo en el poder pretende anular el poder revisor que la constitución otorga al Poder Judicial, para someterlo al poder reformador de una mayoría espuria, que han conformado en contra de la voluntad popular.
El respeto a las libertades individuales de expresión, pensamiento, circulación, religión, vida y seguridad personal, sólo puede ser garantizado en un régimen democrático de división de poderes. La preocupación por que estas libertades sean alteradas y acaben alienadas -registrada por analistas nacionales e internacionales- es directamente proporcional al deterioro del estado de derecho, al inicio de un sexenio complicado y a las presiones del crimen organizado.
La nueva presidenta tiene la oportunidad y responsabilidad de encabezar un gobierno que sea garante de las libertades individuales y de los principios constitucionales de nuestro régimen político, esto le daría, al mismo tiempo, la posibilidad de impulsar al país al crecimiento y desarrollo con inclusión al que se ha comprometido. No hacerlo sería en perjuicio del país de su gobierno.
POR MARCO ADAME
ANALISTA Y CONSULTOR POLÍTICO
PAL