La reforma para trabajadores de plataformas digitales en México busca cambiar las prácticas empresariales que evaden responsabilidades laborales.
Exige registro obligatorio de trabajadores y garantías reales, lo que ha generado resistencia. Las plataformas deben inscribir en el Régimen Obligatorio del Seguro Social a quienes generen ingresos iguales o superiores al salario mínimo, dándoles acceso a seguros de riesgos de trabajo, invalidez, maternidad y al Infonavit.
Los que ganen menos podrán registrarse como independientes, aunque todos contarán con Seguro de Riesgos de Trabajo obligatorio.
Este cambio en la cultura laboral del sector ha generado resistencia. En otros países como España, con su Ley Rider, la regulación dejó a miles de repartidores fuera del sistema. México debe evitar que su regulación sacrifique empleos en nombre de una seguridad social mal aplicada.
Las plataformas han amenazado con abandonar el país si se implementa la seguridad social. Mientras, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación exige reconocimiento formal (UNTA) para conductores y repartidores, eliminando el término “socios” o “colaboradores independientes”.
Los contratos deberán registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y se supervisarán los algoritmos que determinan horarios, tarifas y sanciones. La reforma no añade nuevos impuestos, sólo obliga a las empresas a contribuir con cuotas de seguridad social. La protección de las trabajadoras es otro punto clave, con protocolos contra el acoso laboral. Sin embargo, sin una supervisión efectiva, estas medidas podrían quedarse en el papel.
Más allá de los beneficios inmediatos, la reforma busca que la “flexibilidad” de las plataformas no signifique precariedad. México no debe permitir que el esquema opere sin normas ni protección, y esta reforma subraya que los derechos humanos no deben sacrificarse en nombre de los algoritmos.
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En Corto: La Fiscalía de Querétaro desistió de la acción penal contra Esmeralda, de 14 años, acusada de homicidio por un aborto espontáneo tras haber sido víctima de abuso sexual por un familiar.
Este acuerdo se logró por la presión de colectivas, organizaciones y activistas que denunciaron el actuar de las autoridades, así como la intervención de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.
Y quien se quiso “colgar la medallita” fue el gobernador Mauricio Kuri; después de darse a conocer el desistimiento, aseguró que había sido gracias a su petición, pero qué poca memoria tiene Kuri, quien minutos antes, en una entrevista, dijo que él sabía que el bebé “nació, respiró y murió de asfixia por ahorcamiento”, insinuando lo que tantas veces repitió el fiscal Victor Antonio de Jesús Hernández.
Que no se le olvide a Kuri que él mismo desestimó a Esmeralda y calificaba el indignante episodio, como un “drama social”.
Nos vemos a las 8 por el 8.
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SofiGarcíaMX
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