Si el último mes de gobierno López Obrador generó una importante tensión política, los primeros 31 días de la presidenta Sheinbaum fueron de mucha intensidad y muestran tendencias nada promisorias. Los acontecimientos de octubre mostraron mucho activismo en el Congreso, con una gran prisa por realizar las reformas anunciadas, pero sobre todo mostró el retorno de la mancuerna partido/gobierno en el ejercicio del poder, producto de la sobrerrepresentación que otorga a Morena la capacidad de hacer lo que quiera con la Constitución y las leyes.
Era previsible que el nuevo Congreso hiciera uso de su mayoría parlamentaria para continuar las políticas del gobierno anterior. Con todo, resultó sorpresivo pretender construir en un mes el modelo denominado “supremacía constitucional” que limita las facultades de la Suprema Corte de Justicia y empodera al Poder Legislativo, dominado por el partido de la Presidenta. La consecuencia es obvia: el enfrentamiento entre los poderes permanece y cualquier discrepancia con el Ejecutivo o el Legislativo, será desacatada, según anunciaron los voceros del oficialismo. Lo que se olvida deliberada y peligrosamente es que cualquier desacato, venga de quien venga, es una violación al Estado de Derecho y cierra las puertas a una solución entre las partes que no implique el uso de medidas autoritarias.
El problema es que día a día se desvanece la esperanza de establecer un diálogo abierto para construir acuerdos. Las señales son negativas en todos sentidos: además de la “supremacía constitucional”, en el primer mes la Presidenta declaró que no se entrevistará con la oposición, que para eso estaba la Secretaría de Gobernación; a pesar del discurso tranquilizador para los inversionistas, una magna reunión empresarial fue desairada por todos los representantes gubernamentales invitados; sin debate previo, se modificó la ley electoral para otorgar facultades a la presidenta del INE que rompen la colegialidad democrática del Instituto; hasta el anuncio de la renuncia a la Suprema Corte de ocho de sus ministros fue ridiculizada por los voceros del oficialismo y por la Presidenta misma. Las consecuencias sólo apuntan a una mayor conflictividad.
Tan sólo en el INE, el día de ayer seis de once consejerías propusieron interponer una Controversia Constitucional en contra de la reforma a la ley que modificó las atribuciones del Consejo General. En otras palabras, noviembre será escenario de más disputas jurídicas, sin diálogo de por medio, en medio del choque entre los poderes de la Unión.
En este contexto, en su primer mes la presidenta Sheinbaum perdió la oportunidad de convertirse en una gran estadista, no para olvidar las políticas en las que cree, sino para formar y fortalecer instituciones con sus votos, con verdadero espíritu democrático, sin autoritarismos innecesarios y con un diálogo creativo en lo que tendría que ser “un gobierno para todos”.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
PROFESOR INVESTIGADOR, ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO
TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
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