En los años 70, en pleno auge del echeverrismo, Jesús Reyes Heroles, ideólogo del sistema político mexicano, acuñó el concepto del “estilo personal de gobernar,” que aludía a la forma en que los gobernantes mexicanos, en esencia, ejercían el poder en un entorno suigéneris en el que prevalecían poderes metaconstitucionales en un marco de incipiente democracia.
Reyes Heroles describió cómo el carácter y la personalidad de un líder influyen en la práctica política y en la conducción del poder. También definió que este estilo personal no era un simple reflejo individual, sino una herramienta con la cual los gobernantes dejaban su impronta en la institucionalidad y en el rumbo nacional.
En sus análisis y ensayos sobre el sistema político mexicano, el ideólogo advirtió que, en este contexto, el estilo del gobernante tenía el potencial de fortalecer o debilitar la institucionalidad y el equilibrio del poder en el país.
La advertencia que formuló en su momento y que sigue vigente hoy radica en el riesgo de que un "estilo personal" domine sobre el marco institucional, promoviendo prácticas que pueden debilitar o fortalecer la estructura democrática, según los caprichos o visiones del mandatario en turno.
El “estilo personal de gobernar” encierra una premisa vigente: el líder moldea sus decisiones y su relación con el aparato estatal y la sociedad según sus propios valores y su capacidad de gestionar el poder, incluso más allá de lo que plantea la Constitución.
Un estilo propio
Se cumple prácticamente un mes del inicio de la nueva administración federal y el estilo personal de gobernar de la titular del Ejecutivo se caracteriza, hasta ahora, por una impronta de transición, sin que se vislumbren definiciones de fondo respecto a los temas torales de la República, aquellos que definen el rumbo para los próximos años y las futuras generaciones. El país sigue atrapado en la agenda de los pendientes de la administración pasada.
Importantes sectores del país ya perciben en este primer mes la huella de lo que será el estilo de gobernar en los próximos seis años: prioridad en concretar los ofrecimientos de la pasada administración, en gran medida enfocados en tener el control pleno en, con y hacia los poderes de la Unión, como parte de un proceso de reconstrucción del pacto social entre gobierno y sociedad mexicana.
La agenda pública en estos primeros 30 días del gobierno de la República ha sido focalizada en la llamada Reforma del Poder Judicial Federal, que van a sacar al costo que sea. La narrativa planteada al respecto es la de una presidenta fuerte, firme, determinada, que no se doblega, aunque eso conlleve un alto costo político a la imagen institucional y a la personal de quien detenta el Poder Ejecutivo Federal.
Esta narrativa oficial, empero, implica riesgos, como los que planteó en sus ensayos Reyes Heroles, puesto que esas características en el ejercicio de gobierno, de la impronta de transición, se perciben como asuntos no propios, sino impuestos, no parte del diseño de una ruta de gobierno con sello propio, sino de compromisos por saldar.
A casi un mes de asumir la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta una serie de desafíos que, lejos de consolidar su identidad gubernamental, su sello al gobernar, la han colocado en una posición de constante transición. Como si el nuevo gobierno no terminara de nacer, atrapado entre las sombras de la administración anterior y un entorno nacional cada vez más agitado.
Los temas no resueltos, las confrontaciones con las instituciones y las demandas sociales, principalmente de justicia y aplicación de le ley, han entorpecido la implementación de una agenda propia.
Sin duda hay destellos de lo que podría ser el gran diferenciador, como los apoyos a las mujeres de 60 a 64 años; las becas a estudiantes de nivel primaria y secundaria; así como el reordenamiento de la política ambiental y la restitución de PEMEX y CFE como empresas del sector público, pero los temas de la transición, la Reforma Judicial, en especial, opacan aquellas iniciativas y lejos de que se aprecie el fin de una etapa, hay señales de que escalará aún más.
Un ejemplo claro de esta situación es la renuncia anticipada de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un hecho sin precedentes que no solo afecta la independencia del Poder Judicial, sino que lanza una señal de inestabilidad y preocupación sobre el rumbo institucional del país. El gobierno pierde ganando.
Mientras, los problemas urgentes se acumulan y exigen respuestas. Uno de los puntos más críticos es la pérdida financiera de 161,455 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de este año, una cifra que representa una fuerte señal de alerta para la política de ingresos del gobierno federal.
La creciente violencia en estados como Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Guanajuato e, incluso, en la Ciudad de México, es otro de los grandes temas que parecen haberse relegado en la agenda gubernamental.
Pese a que estos estados registran cifras alarmantes de homicidios y conflictos entre grupos criminales (tan solo en Sinaloa se contabilizan más de 200 asesinatos en los últimos meses), la administración ha optado por centrar su discurso en la reforma judicial y la eliminación de órganos autónomos, temas que, si bien son de interés para su núcleo duro de apoyo, no responden a las necesidades urgentes de la población.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el índice de homicidios en estos estados ha registrado un incremento del 15% respecto al año anterior. Frente a esto, la falta de una política clara de seguridad está comenzando a impactar negativamente en la percepción pública sobre la capacidad del gobierno de Sheinbaum para mantener el orden y la paz en el país.
La proximidad de las elecciones presidenciales en Estados Unidos añade un componente adicional de presión para la administración mexicana.
Si Donald Trump gana la presidencia es probable que México enfrente una mayor demanda de acciones en contra del narcotráfico y la violencia. Un escenario en el que México se muestre debilitado por la confrontación interna en temas de reforma judicial podría, en palabras de expertos del Colegio de México, “dificultar la cooperación bilateral, pues Estados Unidos busca un socio fuerte y con instituciones independientes”.
La actual administración tiene aún la gran oportunidad de rectificar, pero para ello deberá enfocarse en resolver las necesidades reales de los mexicanos, en lugar de concentrar sus esfuerzos en una confrontación heredada… al fin, temas de transición.
Por Óscar Sánchez Márquez
Consultor en comunicación e imagen política
@delvalle1968