En la Cámara de Diputados se discute una intentona más del oficialismo para debilitar nuestro sistema judicial, el Estado de Derecho y la democracia. Bajo el supuesto de una defensa de la “supremacía constitucional” se impulsa una propuesta peligrosa y con efectos de difícil e, incluso, de imposible reparación en materia de derechos humanos.
Acción Nacional no está dispuesto a permitir que esta reforma vulnere el principio de progresividad en los derechos humanos ni limite los recursos legales que permiten impugnar reformas constitucionales.
La propuesta actual, que supuestamente protege la supremacía constitucional, tiene como objetivo debilitar los mecanismos de control constitucional que son herramientas esenciales para la salvaguarda de derechos humanos, como el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Sin estos instrumentos, las y los ciudadanos quedaremos desprotegidos ante actos arbitrarios del Poder Legislativo y del Ejecutivo, lo que supone un retroceso inaceptable de los avances que nuestro país ha forjado a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011.
La intención del oficialismo continúa siendo concentrar el poder y someter al Poder Judicial. Esto amenaza gravemente la autonomía e independencia de las instituciones encargadas de garantizar el respeto a la Constitución. Pretenden anular o limitar las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como garante último de los derechos humanos. No podemos permitir que este intento de control erosione el sistema de contrapesos que tanto esfuerzo nos ha costado consolidar.
En Acción Nacional estamos convencidos de que la división de poderes es fundamental para preservar la democracia. Cualquier reforma que intente limitar el control judicial sobre los actos legislativos es una afrenta contra el equilibrio institucional y el espíritu de nuestra Carta Magna. Además, México ha ratificado tratados internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establecen la obligación del Estado de garantizar recursos legales efectivos para la defensa de los derechos fundamentales.
Adicionalmente, esta reforma amenaza la soberanía de las entidades federativas y municipios y, en el ámbito legislativo, restringe los derechos que asisten a las minorías legislativas. Eliminar recursos de defensa judicial abre la puerta al autoritarismo y debilita los principios democráticos al intentar neutralizar el disenso. La Constitución no puede ser un instrumento para consolidar mayorías artificiales; es el marco supremo que protege los derechos de cada ciudadano, más allá de los ciclos políticos.
La propuesta impulsada y defendida por MORENA sobre una supuesta defensa de la “supremacía constitucional” continúa la tendencia peligrosa por parte del Ejecutivo Federal que se escuda en el poder del fuero para no acatar resoluciones judiciales legítimas, como la suspensión definitiva contra la reforma del Poder Judicial. Esto evidencia la falacia de las promesas de eliminar privilegios y demuestra un desprecio por las leyes. Este tipo de actuaciones contradicen el artículo 1º de la Constitución, que obliga a todas las autoridades a promover y proteger los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El principio de progresividad establece que los derechos humanos deben ser ampliados, nunca restringidos. Debilitar las instituciones que protegen estos derechos es inaceptable porque amenaza el mínimo de garantías que el Estado está obligado a mantener. Esta reforma también es incompatible con el artículo 25.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que exige que los Estados garanticen recursos judiciales efectivos contra cualquier acto que viole derechos fundamentales.
Es cierto que la propuesta fue modificada en el Senado de la República en algunos puntos, por presiones de la opinión pública, pero en el fondo las restricciones y consecuencias se mantienen intactas. La eliminación de los medios de control constitucional dejará a la ciudadanía indefensa frente a posibles abusos del poder.
México no puede darse el lujo de retroceder en la protección de los derechos humanos. Esta reforma, más que un ajuste técnico, es un intento por debilitar a las instituciones y consolidar un control absoluto. En Acción Nacional nos oponemos a que eso ocurra. La legalidad, la justicia y la dignidad de las personas no están sujetas a negociación.
Seguiremos defendiendo la división de poderes, el sistema de contrapesos y la autonomía e independencia del Poder Judicial. Nos oponemos a cualquier reforma que debilite las instituciones o menoscabe los derechos de las minorías. En este debate, Acción Nacional estará del lado de la ciudadanía, de la Constitución, la democracia y los derechos humanos porque más allá de cualquier mayoría temporal, los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos son la base de una nación justa y libre.
Es nuestra responsabilidad, y la asumimos con convicción, defender el Estado de Derecho y garantizar que nadie esté por encima de la ley. México necesita instituciones fuertes, un Poder Judicial independiente y mecanismos efectivos de defensa para proteger los derechos de todas las personas. Por eso, rechazamos esta reforma regresiva y lucharemos para que nuestro país siga avanzando en la construcción de una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos.
POR JORGE ROMERO HERRERA
DIPUTADO FEDERAL POR EL PAN
@JORGEROHE
MAAZ