No soy abogada, pero soy demócrata, por lo tanto, veo con enorme preocupación lo que está sucediendo en nuestro país con relación al Poder Judicial. Los creadores del diseño (fundamental para los demócratas) de la división de poderes, Locke y Montesquieu, no podrían haber imaginado lo que está sucediendo en México con todo lo relativo al PJ en estos tiempos revueltos.
El concepto de la Supremacía Constitucional ha evolucionado con los años, esto hay que subrayarlo, a la Supremacía Convencional, en donde lo más importante es que la ley dé protección y defienda los derechos humanos. Bajo esta perspectiva tendría que analizarse e interpretarse todo lo legal. Pero la propuesta de Morena que discuten sus legisladores versa sobre cómo impedir que cualquier reforma constitucional (por absurda y lesiva para los derechos humanos que esta sea) pueda ser objetada, modificada o derogada.
Un ejemplo: si con la mayoría calificada del Poder Legislativo se aprobara una reforma constitucional que diera su consentimiento a la pena de muerte, los mexicanos o instituciones que no estuviéramos de acuerdo con ello no podríamos recurrir a un amparo, a una acción de inconstitucionalidad o a una controversia constitucional para eliminar tales normas del texto de nuestra Carta Magna.
Estemos conscientes que de aprobarse esto, la ciudadanía estaría en un estado total de indefensión en cuanto a la protección de sus derechos humanos. La gravedad de la situación actual ante este tema nos lleva hasta 1789 a la Declaración de los Derechos del Ciudadano que decía: “Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la división de poderes, no tiene Constitución”. Utilizar una iniciativa como excusa para limitar los derechos humanos resulta absurdo y peligroso para nuestra incipiente democracia.
El problema es aún mayor cuando se pretende que esta reforma sea retroactiva, esto es, que al momento en que se publique este “supuesto blindaje” a la Constitución, todos los recursos que están en proceso (por ejemplo, los que impugnan la reforma al PJ) quedarán suspendidos y desde luego no tendrán seguimiento ni efecto. Es el pase automático para que la mayoría calificada legislativa haga todo lo que quiera, cuando quiera y como quiera sin mayor obstáculo.
Como explican los juristas: “La ley Suprema del Estado proviene de una legalidad tripartita, esto es, emanada de los tres poderes, no solo de uno o dos. ¿Eliminar al PJ, entonces es lo adecuado?
La democracia en el mundo vive sus horas más bajas en este siglo. En los años 20 y 30 del siglo pasado los fascismos se hicieron del poder en muchos países europeos. A cien años de estos sucesos, la inacción e indolencia que nos aquejan nuevamente no ayudan a defender a la democracia que con tanto esfuerzo hemos ido construyendo. No perdamos la oportunidad de defender la ley.
POR TERE VALE
COLABORADORA
@TEREVALEMX
PAL