Hoy es esencial hablar de la reforma constitucional presentada en el Senado el día de ayer. La cual no es solo un trámite; es una reivindicación de nuestra soberanía y del derecho del pueblo a decidir el rumbo del país. La Constitución, en su artículo 135, establece que las reformas deben contar con el respaldo popular. No podemos permitir que instancias judiciales frenen este avance, porque hemos luchado demasiado para que nuestra voz sea escuchada.
La experiencia de la legislatura pasada nos enseñó que, a pesar de los obstáculos, la organización del pueblo puede lograr grandes cambios. Tras la lección aprendida después de no aprobar las reformas constitucionales en materia eléctrica y electoral, trabajamos y construimos un movimiento consolidando un triunfo incuestionable de 36 millones de votos para la Presidencia de la República y una mayoría calificada en el legislativo federal. Esa victoria fue un triunfo del pueblo, que demostró que la unidad y la determinación de la gente pueden prevalecer para lograr nuestros objetivos.
A meses de la elección en encuestas nacionales, la mayor parte de la gente aprueba la reforma al poder judicial. Sin importar esto a los detractores de la misma, la transformación enfrenta nuevos desafíos. Alrededor del país, jueces de distrito están emitiendo amparos, particularmente contra la reforma al poder judicial, a pesar de que la Ley de Amparo establece que estos juicios frente a reformas constitucionales son improcedentes. A sabiendas, diversos jueces eligen ignorar esta normativa, queriendo confundir a la gente, poniendo en riesgo el orden legal nacional y, sobre todo, nuestra democracia.
Por otro lado, es inaceptable que quienes tienen intereses personales no se excusen, como indica el artículo 51 de la Ley de Amparo: los jueces no podrían resolver en materia de reformas al poder judicial, pues literalmente son jueces y parte. O no tienen la preparación necesaria para saber sus facultades o deciden flagrantemente por un interés privado hacer daño al leyes. Cada amparo admitido es un desafío a nuestra voz colectiva, y es nuestra responsabilidad denunciarlo.
La reforma que se propone desde las bancadas de Morena para garantizar la inimpugnabilidad judicial de las reformas constitucionales es, por tanto, una defensa de nuestros derechos y un compromiso con la democratización de la justicia, buscando que esta sea accesible para todas las personas. ¿Quién mejor que la gente que ha sufrido las carencias del sistema de justicia para decidir las reformas que requiere?
No podemos permitir que un pequeño grupo de jueces enquistado -que no son todos los jueces ni todas las juezas- mediante el nepotismo, el elitismo y la corrupción en el poder judicial, frene el avance que el pueblo ha exigido en repetidas ocasiones para transformar e una vez por todas el sistema judicial.
Debemos reafirmar que la voz del pueblo debe prevalecer, porque, por encima de la ley, no puede haber nada; de la misma forma que, por encima de la voluntad del pueblo, no puede haber nadie.
POR CAMILA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA DE MORENA
@SOYCAMMARTINEZ
MAAZ