Sólo mes y medio tomó a Morena destruir al Poder Judicial de la Federación y a su presidenta Norma Piña, metiendo al país en lo que se perfila como un largo periodo de oscurantismo legal en el que respetar y hacer respetar las leyes y la Constitución queda a contentillo del omnímodo régimen que ya acaparó todo lo necesario para perpetuarse en el poder.
La pira para la ministra y la institucionalidad jurisdiccional de México se prendió el pasado 12 de septiembre, con la aprobación de la Reforma Judicial en 17 Congresos estatales.
A partir de ahí, el Poder Judicial y su presidenta han sido desmembrados poco a poco y sin titubeos por quienes utilizan su mayoría electoral como machete afilado para destazar lo que estorbe al proyecto político de la familia López, la única para la que gobiernan y legislan.
El resultado: un Poder Judicial en ruinas, anulado, ninguneado, ignorado, diluido, fragmentado, sin ningún mecanismo efectivo para hacer sus fallos; y su presidenta Norma Piña vapuleada, arrinconada y sin margen de maniobra.
Porque, además, el régimen de los López, vía Morena, se encargó también de “erosionar” al Poder Judicial desde adentro y maniatar a Piña. Lo hizo al nombrar como ministras a tres afines a su mentor: Yasmín Esquivel, en 2019; Loretta Ortiz, fundadora de Morena, en 2021; y Lenia Batres, impuesta por dedazo en 2021.
También al infiltrar el Consejo de la Judicatura, colocando a sus leales Bernardo Bátiz, Celia Maya, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Sergio Javier Molina Martínez. Éste último designado en 2019 por la Suprema Corte, cuando la presidía Arturo Zaldívar, hoy titular de la Coordinación Política y de Gobierno de la Presidencia.
Esos cuatro integrantes del CJF pasaron por encima de Piña, aprobando el pasado 10 de octubre entregar al Senado las listas de las plazas de jueces y magistrados que, dos días después, metieron a la tómbola morenista para destituir a sus titulares y someter sus cargos a la tómbola que definió los puestos a elegir en junio de 2025.
Por si fuera poco, esta semana Piña recibió tres nuevos reveses. El lunes, el pleno del agonizante máximo tribunal del país le rechazó el proyecto de presupuesto 2025, que contemplaba $5 mil 922.9 millones, 2.3% más que el de 2024.
El martes, la Fiscalía de la CDMX, a cargo de Ulises Lara, detuvo al jefe de asesores de Piña, por presunto abuso sexual: Ricardo Márquez, quien, de pilón, está relacionado con Genaro García Luna, recientemente sentenciado en EU a más de 38 años de cárcel por narcotráfico.
Y ayer, el Tribunal Electoral, presidido por la magistrada Mónica Soto, aprobó la sentencia de Felipe de la Mata a favor de que el INE continúe con la organización de la elección judicial, pese a las 140 suspensiones emitidas para intentar frenar la Reforma de los López.
Con todo eso encima, Piña parece querer mantener la institucionalidad, el respeto al orden constitucional y la mesura ante un régimen cuyos valores y objetivos son incompatibles con ese tipo de elegancias.
POR: RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN
RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM
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