Han pasado ya más de 40 días desde el inicio de una ola de violencia que ha dejado a Sinaloa, nuestro estado en un clima de incertidumbre, temor y angustia. No se ve la luz al final del túnel, y Sinaloa se encuentra hoy sumido en una crisis que parece no tener fin.
Cientos de familias han perdido a sus seres queridos o viven con la angustia de tener un familiar desaparecido. Otras enfrentan las devastadoras consecuencias de un problema que ha escalado a nivel social, con robos, saqueos y secuestros.
Es triste ver cómo comerciantes han tenido que bajar sus cortinas para siempre, sin esperanza de recuperar el patrimonio que tanto esfuerzo les costó construir. Sus historias son reflejo de un estado en el que la seguridad se ha convertido en un lujo inalcanzable.
Nos duele ver a trabajadores que han perdido sus empleos debido a la violencia, así como a ciudadanos que han sido despojados de sus vehículos o que se ven obligados a empeñar lo poco que tienen para pagar un rescate y salvar a un familiar secuestrado.
¿Y dónde están nuestras autoridades? ¿Qué están haciendo nuestros gobiernos? La falta de respuesta es evidente. Hoy, salir de nuestras casas significa correr un riesgo constante; la posibilidad de no regresar a salvo es una realidad diaria.
Así es vivir en Sinaloa, nos vemos obligados a planear nuestras rutas basándonos en información de redes sociales, tratando de evitar balaceras, retenes ilegales, poncha llantas, y bloqueos. Esta no es la vida que los sinaloenses merecen, y mucho menos la vida a la que debemos resignarnos.
Es momento de exigir a los tres niveles de gobierno que cumplan con su responsabilidad, que dejen de poner excusas y culpar al pasado. Seis años en el poder deberían ser suficientes para dar resultados. Las promesas de empatía y servicio al pueblo se han desvanecido, y la gente clama por ayuda.
En Sinaloa, las familias no se sienten seguras en sus calles ni en sus carreteras, y pretender lo contrario sería "tapar el sol con un dedo". La realidad es clara: la violencia no distingue horarios y los actos delictivos ocurren a plena luz del día.
A pesar de los desfiles de altos funcionarios de seguridad federal, rodeados de blindaje y de militares armados, la realidad es que no existen condiciones de seguridad en nuestro estado. La violencia sigue escalando, y el gobierno no ha sido capaz de implementar estrategias eficaces para detenerla.
Necesitamos ser un Congreso local empático y estar al lado de las familias sinaloenses. Queremos un Sinaloa seguro, un Sinaloa próspero, en el que podamos vivir sin el temor constante de no volver a ver a nuestros hijos cuando van a la escuela, o de no regresar a casa después de una visita al supermercado.
A esto se suma el reciente desarme de la policía municipal de Culiacán a manos del Ejército, una acción que, lejos de ser una solución, ha dejado a los culiacanenses en un estado de desprotección. La medida se llevó a cabo sin estrategia alguna, sin un plan claro y con una total falta de coordinación. El impacto de esta decisión no solo afecta al gobierno, sino que deja a los ciudadanos completamente indefensos, con un incremento evidente en robos a comercios, vehículos y hogares.
Sabemos que la mayoría de los policías son personas trabajadoras y dedicadas, y esta situación nos recuerda la importancia de su labor en las calles. Lo digo con conocimiento de causa por ser hijo de un policía, uno que al igual que los cientos de agentes que salen a diario de sus casas, con la bendición de su familia, lo dio todo por un Sinaloa más seguro. La ausencia de la policía municipal ha sido notoria, y la gente la necesita de vuelta. Instamos a las autoridades a resolver este problema de manera inmediata.
Sinaloa necesita soluciones, no promesas vacías. Necesita autoridades comprometidas que respondan al llamado de su gente y trabajen por su seguridad. No podemos esperar más, el momento de actuar es ahora.
Por Sergio Torres
@SergioTorresSIN
Legislador local y Coordinador estatal de Movimiento Ciudadano.
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