La acción de inconstitucionalidad presentada en contra de la reforma judicial es un rayo de esperanza en un proceso que, desde su inicio, ha sido caótico y preocupante.
Confío en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma debidamente sus facultades y, en caso de declarar inválida esta reforma, tanto la titular del ejecutivo como los legisladores oficialistas y afines actúen con altura, aceptando la determinación como demócratas y estadistas. La verdadera democracia se refleja en el respeto a las instituciones y a los contrapesos que definen al Estado de derecho.
Desde la oposición no podemos respaldar lo que deriva de un proceso desastroso, donde el Ejecutivo ha cooptado a los otros poderes, erosionando la independencia judicial. Esta reforma ha sido allanada por traiciones que pavimentaron el camino hacia una tómbola vergonzosa en el Senado, donde se definieron al azar 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito.
Todo el esfuerzo, preparación y carrera judicial han sido echados por la borda para permitir que el oficialismo imponga su criterio el 1 de junio de 2025, cuando se renovarán los cargos bajo esta farsa.
Si durante las discusiones advertimos una y otra vez que esta era una maniobra para cooptar y partidizar la justicia, no es ahora cuando daremos marcha atrás.
No es posible apoyar lo que sabemos que pondrá en peligro el sistema judicial. La urgencia con la que Morena y sus aliados intentaron darle trámite a sus irregulares cometiendo en este proceso nuevas irregularidades, sin siquiera entender la magnitud de lo que implica.
El problema va más allá de las formas aceleradas: se está construyendo un modelo de justicia que responde a los intereses de un partido. El nuevo sistema no prioriza perfiles aptos ni meritocracia, sino lealtades a la 4T, abriendo la puerta a una justicia servil y a la impunidad.
Esta es la misma impunidad que caracterizó al gobierno anterior con su política de “abrazos, no balazos” y que ahora busca consolidarse bajo el disfraz del voto popular, poniendo en peligro la impartición de justicia.
Morena les está mintiendo al pueblo de México, haciéndoles creer que ellos elegirán a los ministros del poder judicial. Lo que no les están diciendo es que en realidad van a elegir entre una lista donde estarán los nombres de los tres hermanos Batres y otros familiares.
Nos alienta saber que la Suprema Corte ha dado trámite a las acciones legales promovidas por la oposición, incluidas aquellas del PAN. Confiamos en que el criterio de los ministros pondrá freno a esta reforma tóxica. La oposición no retrocederá; nuestra lucha por frenar esta simulación sigue firme.
Las leyes reglamentarias recién aprobadas no hacen sino confirmar que los supuestos foros de debate y la apertura prometida fueron solo un montaje. El oficialismo desechó cualquier argumento que no se alineara con sus intereses. No estamos ante un ejercicio democrático, sino ante un proceso que busca moldear la justicia para someterla a los caprichos del poder político.
Esta reforma no solo amenaza la independencia judicial, sino que pone en juego la integridad del voto ciudadano. Morena quiere hacernos creer que la elección de jueces y magistrados por votación es una apertura democrática, pero en realidad será una elección manipulada, donde los perfiles serán definidos desde el oficialismo, condicionando la voluntad popular.
La justicia debe ser imparcial, no un instrumento del poder. Responsabilizo a Morena de las consecuencias que esta reforma traerá, pues empoderar la impunidad es traicionar a México. La lucha por un verdadero Poder Judicial independiente apenas comienza por lo que las y los legisladores de Acción Nacional seguirán dando la batalla.
POR JORGE ROMERO HERRERA
DIPUTADO FEDERAL
@JORGEROHE
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