“Creo que salió muy bien. Como cualquier obra humana, con algún error, con algún tropiezo en su momento, pero en la claridad de quiénes van a la elección, eso está indubitable” Gerardo Fernández Noroña
Hablar de justicia en este país siempre es hacerlo de manera sesgada. Una parte de la sociedad cree fielmente que solo la alcanza las personas con dinero, es decir que la corrupción e influyentismo imperan; otros tantos simplemente dicen que no existe, que la opacidad y la falta de acceso es generalizada; las miles de personas que trabajan dentro del Poder Judicial señalan que la procuración e impartición de justicia es una tarea ardua y permanente, pero que se encuentran rebasados. Sí, desde hace décadas todas y todos los mexicanos sabemos que el Poder Judicial se debe reformar; sin embargo, así no.
La iniciativa del expresidente no es una contribución para mejorar la justicia, en contraparte es un claro retroceso. Se tuvo que haber contemplado e iniciado por los cientos de ministerios públicos locales, así como la impartición de justicia de los municipios hasta lo más alto del Poder Judicial, una política button up como dicen los expertos en políticas públicas; sin embargo, nunca fue ese su diseño y no será implementada de tal manera, por lo que ocasionó un terremoto dentro de este Poder de la Unión e incluso internacionalmente, teniendo a la ONU, como ejemplo, solicitando que se revisara a fondo la elección popular de jueces y magistrados.
La cereza de este pastel es que dicha preselección para que los juzgadores sean electos de manera universal es que fue realizada por sorteo, así como en la lotería, mediante una tómbola con números que corresponden a personas profesionales en la carrera judicial.
A través de esta “lotería judicial” el pasado sábado se determinaron 464 personas magistradas de circuito y 386 personas juezas de distrito que participarán en las votaciones extraordinarias del 2025, dejando la mitad para el 2027 de un total de 927 para magistraturas de circuito y 772 referente a juzgados de distrito.
Sumado a lo anterior, el lunes, después de once horas en sesión, se aprobó en lo general la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con 336 votos a favor y 123 en contra, estipulando que ministros, magistrados y jueces serán electos por mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía el primer domingo de junio del año que corresponda.
Con esto la Cámara de Diputados envió al Ejecutivo los proyectos de modificaciones y adiciones a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación para su publicación y entrada en vigor.
Así, con todo lo que permea y la percepción que se tiene de la justicia en México, la suerte está echada y fue por tómbola. Aunque exista la posibilidad de un “pase directo” para jueces y magistrados en función, el sentir de la mayoría es de desdén hacia este proceso y la forma en que socava toda una vida al servicio de la justicia.
No hay manera de saber lo que nos depara en el futuro en materia de procuración e impartición de justicia en todo el territorio nacional, pero lo que se puede prever es una clara falta de expertise de las y los jueces que llegarán mediante voto universal, un despilfarro en la formación profesional del cuerpo judicial ya existente y una terrible incertidumbre para toda la ciudadanía. No se puede dejar a la suerte la justicia mexicana, mucho menos a una tómbola.
POR ADRIANA SARUR
COLABORADORA
EEZ