Hace unos días un buen amigo me consultaba si se avecinaba una crisis constitucional en México, con motivo de la denominada reforma judicial. Mi respuesta inmediata fue en el sentido de que ya nos encontramos en medio de ella, porque hay un conflicto entre poderes y órganos del Estado que no encuentra solución al amparo de la Constitución.
El presidente del Senado lo banaliza señalando que “es como una película… donde van dos carros uno frente a otro: uno se va a tener que quitar, y no es el nuestro”, escudándose en la fuerza política que les otorgó el voto popular en la pasada elección. Lo que pasa por alto es que la solución está en respetar la Constitución.
El tema es por demás complejo y nos está enredando en un laberinto que parece no tener salida. El origen es el capricho y la vendetta de nuestro ex presidente hacia un Poder Judicial que le fue profundamente incómodo. La solución le pareció sencilla: con un proceso legislativo constitucional atropellado, sin mayor análisis ni discusión de fondo, remover a todas y todos los juzgadores del país (la mitad en 2025 y el resto en 2027).
Semejante atropello provocó un alud de impugnaciones. Por una parte, varios juicios de amparo, en lo que ya se han otorgado suspensiones que mandan detener temporalmente la propia reforma y sus efectos. Ejecutivo y Legislativo hicieron caso omiso, con lo cual cometen incluso un delito, por obstrucción de la justicia.
Sorpresivamente el Consejo de la Judicatura, órgano encargado de la vigilancia y disciplina del Poder Judicial, si bien ha reconocido y tolerado el paro de las y los trabajadores, se pronunció implícitamente por desobedecer esas resoluciones judiciales, al aprobar proveer de la información que le requiere el Senado para avanzar en la elección de juzgadores del próximo año.
El INE optó por promover un juicio electoral con el que solicita medidas cautelares y una acción declarativa por parte del Tribunal Electoral federal, que le permitan igualmente desacatar las resoluciones de amparo, so pretexto de avanzar en la organización de la elección.
La presidenta Sheinbaum envió su iniciativa de reforma legal que regula la elección de juzgadores al legislativo, quien avanza apresuradamente en su aprobación, en franca violación al artículo 105 constitucional que impide reformas electorales dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral respectivo.
El Senado ya realizó una tómbola para ver cuáles son los primeros cargos judiciales en renovarse, considerando que la suerte es mejor consejera que el análisis de datos, la planeación estratégica y el respeto de principios constitucionales y derechos humanos.
El PAN presentó una acción de inconstitucionalidad y el estado de Guanajuato una controversia constitucional, en tanto que la Suprema Corte admitió ya a trámite diversas consultas que le fueron presentadas para que se pronuncie sobre si puede o no revisar la constitucionalidad de la reforma judicial.
Por su parte, también diversos actores acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ya externó su grave preocupación y advirtió sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, las garantías de independencia judicial y la vigencia del Estado de Derecho.
Me parece que lo anterior da cuenta de que efectivamente hay una crisis constitucional. Por paradójico que parezca, la solución es que la Suprema Corte resuelva en definitiva y que sus resoluciones se acaten. Dudo que esto último suceda.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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