“¿Cómo se cae en bancarrota? Primero lentamente y, de pronto, de golpe.”
—Ernest Hemingway, La fiesta
Se escuchan las voces optimistas: el país no se acabó el sexenio pasado con la gestión de Andrés Manuel López Obrador, ni lo hará con el segundo piso de la cuarta transformación. Ciertamente, México es muy grande, literalmente, en extensión, potencial económico y resistencia social. Pero no hay duda de que la erosión institucional nos pasará factura. El desfonde llevará tiempo hasta que sea irreversible.
Las líneas están trazadas, desde la continuidad en la retórica divisiva hasta las reformas constitucionales sin sentido que el Congreso apura estos días. El daño mayor vendrá del golpe brutal al Poder Judicial, que hará todavía más lejano el acceso a una justicia pronta y expedita.
Pero también se verá en áreas esenciales como el combate al crimen organizado y el crecimiento económico. No hay intención alguna de reconducir el timón en el sentido pragmático atribuido a la nueva presidenta.
Por un lado, la insistencia en la estrategia de seguridad que nos dejó el sexenio más violento de la historia, con casi 200 mil ejecuciones, 60 mil desaparecidos y 11 feminicidios al día. Con este escenario de fondo, se esperaba un cambio en la política de la nueva administración.
Ni siquiera la violencia desbordada en Sinaloa, Guerrero o Michoacán ha merecido una reconsideración de la autoridad. La aplanadora oficialista aprobó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la ratificación de todas las actividades ajenas a las funciones de seguridad nacional, como constructores de obra pública, dueños de aerolíneas y hoteles, encargados de aduanas, además de policías con atribuciones de ministerios públicos.
Es decir, la desnaturalización de las fuerzas castrenses en detrimento de la creación de cuerpos policiales profesionales para la seguridad pública.
Por otra parte, no habrá crecimiento posible sin disponibilidad de energías limpias, constantes y baratas. Sin embargo, las reformas anunciadas en materia energética brillan por su desconexión entre objetivos y realidad.
Decir que se requieren nuevas inversiones privadas al tiempo que se les ahuyenta no es la mejor idea. Peor aún, tenemos un panel de controversia abierto en la materia y estamos en vísperas de la primera revisión (renegociación, amenaza Trump) del TMEC que nos ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos.
Como ha señalado Luis de la Calle, las modificaciones constitucionales para que Pemex y CFE dejen de ser empresas productivas del Estado y tengan prevalencia sobre proveedores e inversionistas privados podrían ser violatorias del TMEC y también del Tratado de Asociación Transpacífico (TIPAT).
Es verdad que no se ha acabado el país. Pero seguir recetas que han terminado mal nos llevará hacia allá en una lenta y destructiva espiral.
POR VERÓNICA ORTIZ
COLABORADORA
@VERONICAORTIZO
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