Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)se negó a responder qué piensa de un posible regreso de Donald Trump en la Casa Blanca. Quizá estaba cansado, aunque, en estricto sentido, a AMLO no le toca ni la elección ni la llegada del nuevo presidente estadounidense al poder. En realidad, son Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez quienes deberán fijar alguna postura. Alguna de ellas deberá trabajar con Trump si gana la elección.
¿Qué pasaría con México si Trump retoma el poder? Tres serán los temas críticos:
El primero es la migración, que será tema principal de campaña y en el que Trump no cederá ni un milímetro. El expresidente retomaría la construcción del muro fronterizo, y orillaría a México a desplegar decenas de miles de soldados y miembros de la Guardia Nacional para poner un freno en seco a los migrantes venezolanos, haitianos y centroamericanos.
Eso creará un gran cuello de botella de este lado de la frontera. El gobierno mexicano deberá presupuestar los recursos financieros y humanos para esta situación.
El segundo es el fentanilo y el tráfico de drogas. Trump podría avanzar en la designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas en su país, lo que le abriría recursos y facultades para combatirlos.
Difícilmente Trump cedería en este tema, pues hasta ha dicho que propondría pena de muerte para traficantes de la droga. Esto implicará una renovación de la relación entre la Guardia Nacional y la DEA.
El tercero es el comercio bilateral y la revisión del Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC), que tiene como fecha fatal el 1 de julio de 2026 para ser refrendado, y cuyas provisiones para analizar resultados están en marcha desde que inició este año. Esta es una de las palancas de negociación más importantes para Trump en su negociación con México, pero también un tema en el que nuestro país tiene ventaja porque el tratado vigente fue acordado con el Republicano, quien inició la desvinculación de su país con China.
UNIFIN
Qué gigante estafa la de Rodrigo Lebois Mateos, quien fue accionista principal en Unifin Financiera. Sería la más grande del sexenio, y se realizó a través de varios vehículos financieros aparentemente legales. Lo malo es que dañó severamente tanto a usuarios de la banca privada como a inversionistas bursátiles. Se habla de una deuda de 80 mil millones de pesos al sector financiero, más tres mil millones de pesos por una emisión de certificados bursátiles que fueron adquiridos tanto por fondos de pensiones como por instituciones. La debacle comenzó en agosto pasado. Todo apunta a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá finalizar pronto la auditoría y canalizar el resultado para que la Fiscalía General de la República trabaje en las carpetas de investigación por delitos penales.
POR: CARLOS MOTA
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