En estos tiempos de simulación y desprecio a las instituciones, haciendo precisamente lo que más criticó antes de su arribo al poder y a pesar de que no le corresponde, el presidente de la República en junio pasado dio el banderazo de salida de facto para el proceso electoral 2024, con aquella famosa cena en la que estableció las reglas para elegir a quien debiera continuar con los trabajos de la autodenominada cuarta transformación.
Sin embargo, la ley electoral señala que el proceso inicia formalmente con la sesión que para tal efecto celebró el Consejo General del INE el pasado 7 de este mes patrio. Así se encienden las máquinas de todo ese andamiaje que se requiere para poder recibir y contar el voto de casi un centenar de millones de mexicanas y mexicanos, que podremos ir a las urnas el 2 de junio del 2024, para renovar no solo el Ejecutivo y Legislativo federales sino 31 congresos locales y ayuntamientos en 30 entidades.
Entre los pasos que se tuvieron que dar, se encuentra la renovación de las comisiones del Consejo General, que son órganos colegiados integrados por las propias consejerías, a través de los cuales procesa sus decisiones y constituyen los conductos de comunicación bidireccional con las áreas operativas, de manera que su relevancia institucional no es menor.
Por tal motivo, el día siguiente a ese arranque formal del proceso, el Consejo General celebró una sesión para aprobar la integración y presidencias de sus comisiones, que reveló las grandes diferencias que existen al interior de ese órgano en el procesamiento de las decisiones.
Aunque todas son importantes, las comisiones más peleadas obviamente fueron las que son clave en la conducción del proceso electoral: Quejas y Denuncias, encargada de dictar medidas cautelares en casos de infracciones a la ley electoral en materia de propaganda electoral, muy criticada en últimas fechas por su permisividad ante las evidentes infracciones a la ley; Fiscalización, que vigila el origen y destino lícito de los recursos de partidos y candidaturas; Organización y Capacitación, en donde se procesan todas las decisiones operativas y logísticas electorales, y Vinculación con institutos locales, que coordina la interacción con esos 32 órganos en la compleja labor de organización de los comicios.
Más allá de que después de un atropellado receso la sesión llegó a buen término el sábado, lo que preocupa es la polarización que se terminó de evidenciar ese día en el órgano electoral, así como la incapacidad de su presidencia de cohesionarlo. Otra muestra de ello es que no se ha logrado el nombramiento de las cabezas de la estructura central: Secretaría Ejecutiva y las direcciones ejecutivas y técnicas, porque los nombramientos de titulares requieren 8 votos en Consejo General.
Actualmente la Secretaría Ejecutiva y la mitad de las áreas funcionan con encargadurías de despacho (comunicación social incluso acéfala). Ahora se suma el Órgano Interno de Control, cuyo titular renunció esta semana para sumarse ya formalmente a las filas de los gobiernos morenistas y cuyo nombramiento corresponde a la Cámara de Diputados. Además, a pesar de ser encargadurías de despacho de naturaleza extraordinaria y provisional, están removiendo a quienes ocupan cargos importantes en la estructura, sin importar que se trate de personas con vasta experiencia ni que estemos ya en proceso electoral.
No podemos darnos el lujo de que el órgano electoral esté infectado de esa enfermedad que aqueja a la política, pues la polarización es capaz de paralizarlo por la incapacidad de lograr acuerdos y consensos.
Es evidente que estamos ante actores políticos reacios al respeto de la ley y las instituciones. Su violación es deporte nacional. Necesitamos un árbitro electoral fuerte y estructurado. Hago votos por que el INE se libre de esa enfermedad y continúe siendo factor de estabilidad política y social.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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