Los habitantes de la CDMX, no solo estamos a merced del crimen organizado y la delincuencia (de acuerdo a la ENVIPE 2023 la tasa de prevalencia delictiva más alta se registró en Ciudad de México, con 31,876 delitos), también sufrimos abusos por parte de quienes conforman los cuerpos policiacos. De la delincuencia institucionalizada: la que porta una placa.
El domingo pasado salí a rodar como de costumbre. Una ciclista del grupo fue víctima de la incivilidad que padecen los ciclistas todos los días pero en esta ocasión quien perpetró la agresión fue un patrullero que en lugar de resguardarla (como ocurre en otras latitudes) le alertó con su sirena su derecho de paso.
En ciudades con una mayor educación cívica no solo los policías protegen a los ciclistas, los conductores en general son conscientes de que arriba de una bicicleta se tiene una menor visibilidad, protección y margen de maniobra.
Me le emparejé y además de sugerirle la importancia de cuidar a peatones y ciclistas le espeté un merecido “buey”. Esto me costó –para hacer el cuento corto- ser esposado y presentado frente a un juez cívico. El traslado no estuvo exento de irregularidades. Nos detuvimos varias veces a que otros policías me interrogaran, por ejemplo.
En el juzgado cambió radicalmente mi situación y después de rendir mi declaración y que me revisara un médico legista fui liberado con una sentencia de trabajo comunitario que finalmente fue cancelado por no haber las condiciones de “seguridad necesarias para llevarse a cabo la actividad”. Esto en la plaza El Parián en Azcapotzalco.
Estoy consciente de que me extralimité al llamar “güey” a un policía pero su respuesta y reacción no fueron ni de cerca equiparables a mi agresión y falta de respeto. Por suerte salí ileso de esta experiencia pero muchos de mis conciudadanos no han corrido la misma suerte.
De acuerdo al reporte: “Brutalidad Policial” de la ONEA (UNESCO) 99.5% de las agresiones policiacas quedan en la impunidad. Eso es, de 33 mil 750, carpetas sólo 172 concluyeron en sentencias condenatorias. Según este mismo estudio de 2015 a 2020 un total de 526 desapariciones forzadas fueron atribuibles a policías y fuerzas federales. De estas solo cuatro alcanzaron sentencias condenatorias, es decir, apenas el 0.8 por ciento.
De acuerdo a la ENPOL (Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad) que levantó el INEGI en el 2021 el 40% de los encuestados fueron amenazados con levantarles cargos falsos, al 34% los pasearon en un automóvil dando vueltas por las calles, al 23% de los detenidos los asfixiaron y al 22% sufrió ataduras cuando fueron detenidos.
La brutalidad policiaca se encuentra en la raíz de la corrupción de las fuerzas del orden. El uso excesivo de la fuerza y actuar fuera de lo que establece la ley y los protocolos lastiman tremendamente a las y los ciudadanos. En algún grupo de enfoque escuche decir a uno de los participantes que los abusos por parte de policías, marinos y soldados es similar a el abuso del padre borracho.
Quién tendría que ser una figura protectora es el perpetrador del abuso. Los alcaldes –por no enemistarse con los jefes de las corporaciones- le han dado la vuelta a un tema que lacera a la sociedad. Lograr que la policía misma cumpla con el Estado de derecho será tarea impostergable para las futuras administraciones.
ALEJANDRO ECHEGARAY
CONSULTOR
@aechegaray1
MAAZ