Recientemente gobernadores de varios estados del país emitieron un desplegado, donde dejan claro su posicionamiento del papel que está jugando la Corte en contra del Poder Legislativo y concretamente en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque no es nuevo, en sus últimas resoluciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha usurpado funciones y potestades del Poder Legislativo, como fue el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde determinó que este órgano puede llegar a resoluciones con sólo cuatro de sus integrantes, violando el propio reglamento del instituto.
Especialistas señalan que estas acciones han sido un exceso de la Corte porque usurpó las funciones del Poder Legislativo, pone en riesgo la vida republicana del país y el equilibrio de poderes que establece la Constitución. No es posible que el Poder Legislativo, que sí es elegido directamente por la ciudadanía, pueda ser reconvenido y usurpado por el Poder Judicial, que no tiene el voto ni representación del pueblo.
Pero el caso del INAI no es el único, en junio pasado la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República acusó a la SCJN de violar nuestra Carta Magna al invalidar la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, que se publicó en junio de 2021, por supuestos violaciones al procedimiento legislativo. Igual ocurrió con el llamado Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, que también la echó atrás.
Los integrantes de la SCJN protestaron guardar y hacer guardar la Constitución, pero hasta el momento no lo han hecho, pues la semana pasada discutieron un proyecto con tintes políticos del ministro Luis María Aguilar, uno de los más reaccionarios, que proponía separar del cargo y consignar al Presidente de la República si no ratificaba a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Por eso es fundamental realizar una profunda reforma al Poder Judicial, en el que punto central sea que los ministros, magistrados y jueces sean electos por los ciudadanos y, sobre todo, que sea un poder austero, que no perciban sueldos de hasta 500 mil pesos mensuales, que es una ofensa para la mayoría de los mexicanos.
En la Cámara de Diputados estamos listos para recibir el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024 y el compromiso que tenemos con el pueblo es recortar los altos privilegios que tiene la casta dorada que controla el Poder Judicial, que ya solicitaron más de 84 mil millones de pesos. No lo vamos a asfixiar, como dice esta casta dorada, vamos a analizar y aprobar el presupuesto con visión republicana, siempre viendo por el interés de México.
POR JULIO CÉSAR MORENO
@JULIOC_MORENO
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