La justicia debe ser pronta y expedita, también gratuita como lo marca la Constitución. Pero sale cara. La falta de jueces, del equipo legal necesario y la existencia de largos y engorrosos procesos la hace aún más cara. Con poco presupuesto se garantiza que la justicia sea un bien preciado y de difícil acceso.
Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo sabe bien. Sabe que el acceso verdadero y efectivo de los mexicanos a la justicia NO debe ser negociable. Entiende que uno de los pilares para la actuación del Poder Judicial Federal es la suficiencia presupuestal. No se trata de un capricho ni de derroches.
Los ataques constantes de López Obrador y las amenazas reiteradas de los diputados de Morena al Poder Judicial son ansias de terminar con la autonomía de este poder de la Unión y con el Estado de derecho como un todo.
Se puede hacer un recuento de los ataques al Poder Judicial. La vía de cuestionar su presupuesto es solo una de tantas excusas. Hay otras: vilipendiar a sus ministros y jueces, cuestionar su probidad. López Obrador busca no dejar títere con cabeza. Su animadversión mostrada hacia el Poder Judicial es clara y no tiene justificación alguna. No la tiene.
Fiel a su estilo, el inquilino de Palacio ha construido a base de mentiras, engaños y medias verdades un discurso en contra del PJF en general y de manera específica en contra de la SCJN. No permitirá que se ponga un alto a sus ocurrencias, menos aún si están guarecidos por la ley —esa que tanto desprecia el tabasqueño—.
Ante la firmeza de la Corte por el caso del INAI, de los nuevos Libros de Texto Gratuitos, de la liberación de Alejandra Cuevas, del freno al plan “B” electoral del Presidente, de impedir que las obras prioritarias del gobierno sean consideradas asuntos de seguridad nacional, entre otros casos, existe una orden por parte de Palacio Nacional de atacar a la fuente de la interpretación de la norma.
La nueva andanada en contra del Poder Judicial por parte de la 4T es asfixiarlo vía el presupuesto. La ministra presidenta Piña tiene razón: “lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al PJF es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”.
Su petición presupuestal es de 84 mil 774 millones de pesos. Esto equivale a 1,8 pesos diarios por mexicano, 657 anuales. Ojo, este presupuesto incluye a la SCJN, al Tribunal Electoral, a los Tribunales de Circuito (Colegiados y Unitarios), así como al Consejo de la Judicatura Federal y a los Juzgados de Distrito. La petición se realizó en una inédita sesión solemne conjunta de los plenos de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral. Naturalmente faltó a la sesión la ministra Yasmín Esquivel (también conocida como la plagiaria) y Loretta Ortiz ni siquiera aplaudió lo dicho por la presidenta Piña.
El presupuesto para este sexenio en términos reales ha caído en un 15.4% respecto a 2018 y lo solicitado solo tiene un aumento del 4% considerando la inflación proyectada. Pero la petición fue recibida por la 4T con una acusación falsa. López Obrador acusó al PJF de cinismo y de violar la Ley. Poco importa que sea una falsedad, tiene un micrófono que no tiene ningún otro poder. Olvida que la división de poderes y la autonomía de los mismos es un signo inequívoco de una democracia sana.
El asfixiar al Poder Judicial vía la reducción del presupuesto, muestra el ansia de terminar con el Estado de Derecho, con lo cual cualquier nación libre y democrática tiende a desaparecer. Asfixiar al Poder Judicial asfixia a México y la poca certeza jurídica que aún se puede obtener.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
COLABORADORA
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@MALOGUZMANVERO
MAAZ