Las noticias parecieran ajenas, pero al final están interconectadas por profundas corrientes en Estados Unidos.
Por un lado, el anuncio de que un Gran Jurado en Washington decidió presentar cuatro acusaciones formales contra el expresidente Donald Trump, por sus acciones en torno al intento de asonada del 6 de enero de 2021 y tratar de evitar su salida del poder.
Las acusaciones son las primeras de su tipo jamás contra un expresidente: "conspiración para defraudar a Estados Unidos; conspiración para obstruir un procedimiento legal; obstrucción de un proceso legal y conspiración contra derechos".
En otras palabras, rebelión.
La segunda es menos espectacular, pero igualmente significativa. La calificadora Fitch degradó la calificación de la deuda estadounidense de AAA a AA+, bajo el alegato de "una continua degradación de gobernanza".
Esa frase sólo puede referirse a la profunda polarización política en el país, agudizada por el debate en torno a Trump y sus reclamos de haber ganado la elección de 2020, convertidos en bandera de un Partido Republicano con un dominante sector de derecha, cada vez más dispuesto a desafiar convenciones legales para hacer prevalecer sus puntos de vista.
Parte de esa división se refleja también en los acrimoniosos debates en torno a la deuda y las finanzas públicas en que se enfrentan republicanos y demócratas.
Trump y sus seguidores ven las acusaciones como parte de una trampa legal para negarles el acceso al poder al que creen tener derecho y que siempre, según el exmandatario, perdieron sólo gracias a trampas.
Pero las presentadas el martes por el Gran Jurado son apenas el tercer "juego" de acusaciones contra el expresidente, que enfrenta acusaciones en el estado de Nueva York por sus manejos financieros, en el estado de Florida por retener ilegalmente documentos secretos y ahora, en el Distrito de Columbia, por lo que equivale literalmente a sedición y rebelión en torno a sus acciones del 6 de enero de 2021. Falta una, en el estado de Georgia, donde trató de convencer a funcionarios estatales de modificar los resultados de la votación.
Y eso motiva en parte la degradación del clima de confianza económica reflejada por la calificación de Fitch.
La actitud de Trump y sus partidarios –por convicción o por conveniencia política– implica una disposición a interpretar las leyes a su conveniencia o desobedecerlas del todo. Y eso significa también una erosión del clima de derecho, en un ambiente que algunos comparan ya a los años previos a la Guerra de Secesión de 1861-65.
En términos comparativos, la división entre estados demócratas (antiTrump) o republicanos (proTrump) remeda la que se dio en aquella época, con los partidarios más ardientes del exmandatario precisamente entre grupos sociales como los que buscaron separarse de la Unión Americana en defensa de su estilo de vida –y la escavitud– y en regiones que se superponen con los que buscaron integrar los Estados Confederados de América.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
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