Empresarios del ramo restaurantero y comerciantes en el espacio público que tienen sus negocios y puestos en la Alcaldía Cuauhtémoc viven con temor todos los días debido a que son presa de la delincuencia organizada, además de secuestros, extorsión, robos o bien pago de piso.
A este rosario de calamidades se suma el Operativo Diamante que implementó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas Nieves desde el pasado 27 de noviembre de 2021.
El cual, por cierto, de acuerdo a la Contraloría capitalina es ilegal debido a que al día de hoy el estar en la calle la gente de la alcaldía quitando, llevándose, y cortando con serrucho o sopletes enseres es ilícito debido a que no existe registro de procedimiento alguno que sustente estas acciones.
Por lo que el recogimiento de estos enseres, afirma la citada dependencia, “sin que medie un acto de autoridad debidamente fundado y motivado, ni un procedimiento ajustado a lo establecido por la ley, es ilegal la actuación de dichas autoridades”.
Entonces queda claro que el operativo constituye una irregularidad administrativa, sin perjuicio de los delitos que puedan configurarse, de acuerdo con el Código Penal local.
Debido a estos hechos la Contraloría suspendió a cuatro funcionarios de Sandra Cuevas, estos son el director general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, José Francisco Delgadillo Cadena; el director de Protección Civil, Antony Daniel Finan Hernández; el director de Mercados y Vía Pública, y el encargado del despacho de la Dirección General de Gobierno.
Un día antes, en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México presenté un Punto de Acuerdo de “urgente y obvia resolución”, para llamar a la alcaldía Cuauhtémoc a abstenerse de “violentar los derechos humanos de empresarios y trabajadores del espacio público” con el Operativo Diamante, encabezado por su titular, Sandra Cuevas.
El cuál tuvo la aceptación de los diputados integrantes de la Comisión Permanente quienes estuvieron de acuerdo con mi planteamiento.
Y es que esta acción ilegítima es represora, se volvió sinónimo de abuso de poder, violatorio a los derechos humanos de la gente, así como del estado de derecho, además ha servido para robar y no deja de ser arbitrario y autoritario.
Me queda claro que, sin un diálogo y un proceso adecuado para la aplicación de la ley, se privilegia el abuso, el exceso de poder, la criminalización e incluso la corrupción.
No entiendo a dónde vamos a parar si empresarios como vendedores populares son objeto de rateros, extorsionadores por parte de policías como de funcionarios de la alcaldía en cuestión.
¿Qué le pasó a Sandra Cuevas?
No lo sé, era diferente, muy humana, la lleve durante mis recorridos en Cuauhtémoc a los barrios hacer campaña lamentablemente el poder la volvió inestable.
Desgraciadamente el actuar de Cuevas tendrá consecuencias políticas.
Sin embargo, el trabajo que hemos realizado en pro de los habitantes de la demarcación va a cambiar su percepción y lograremos su voto, sé que seguirán confiando en nosotros.
A mis vecinos de las 33 colonias de la demarcación les dejo en claro que nunca aplaudiré ni estaré a favor de acciones que dañen su trabajo, su integridad, su economía y su bienestar familiar.
De hacerlo me convertiría en un “títere” de un mal político.
Por lo que lo recomendable es tener mesas de diálogo para lograr acuerdos que sean rentables tanto para la autoridad como para empresarios, trabajadores del espacio público y sociedad.
Tenemos que buscar e idear programas para continuar regenerando la economía local y estatal lo cual es necesaria debido a que el sector empresarial no se recupera y se siguen perdiendo miles de empleos.
Es importante señalar que, durante la pandemia, se cerraron 13 mil 500 restaurantes en la Ciudad de México y su zona metropolitana y se perdieron miles de empleos.
Hoy las terrazas al aire libre son la nueva realidad. Ahí les dejo unos datos y es que, desde junio de 2020 a marzo de este año, 17 mil 694 establecimientos han obtenido un permiso para trabajar de esta forma.
Un tercio de los permisos otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México en los últimos tres años se localiza en la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo a la información de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), en la citada demarcación, más de seis mil 100 establecimientos —restaurantes, bares, fondas y cafés— han obtenido autorización para colocar “enseres en la vía pública”.
Ciudad al Aire Libre ha permitido que se reactive gradualmente el sector restaurantero, evitando la pérdida de más empleos. No obstante, aún prevalece la incertidumbre, los establecimientos no llegan a las ventas alcanzadas antes de la pandemia.
Para la Canora, Dicares y AMR el programa es un aliciente importante para evitar el cierre definitivo de los restaurantes.
Importante señaalar que el programa “Ciudad al Aire Libre” nació a comienzos de la pandemia de covid-19, el 26 de junio de 2020, como una medida emergente para ayudar a los establecimientos mercantiles que habían estado tres meses cerrados al público.
Por tratarse de una política de reactivación económica, desde esa fecha y hasta abril de 2021 los establecimientos registrados no tuvieron que pagar contraprestación al Gobierno capitalino.
Posteriormente el 30 de abril de 2021 se publicó un decreto en el que quedó registrado un pago de tres mil pesos anuales para los “establecimientos de impacto vecinal” (restaurantes y bares) que solicitaron el registro a partir de esa fecha.
A principios de este anño entró en vigor una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles con nuevas reglas urbanísticas que deben seguir los comercios que obtengan autorizaciones para instalar terrazas en la calle, así como nuevos pagos que van desde los mil 900 pesos hasta los tres mil 800 pesos, cuotas establecidas en el Código Fiscal.
POR SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA LOCAL DE LA CDMX
@SILVIASANBARR
LSN