De acuerdo con una de las definiciones más aceptadas, el lawfare o persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial es una expresión usada para referirse al uso abusivo o ilegal de instancias judiciales, nacionales e internacionales, para mantener una apariencia de legalidad para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.
La ley del embudo, pues: boca ancha para mí y los míos, estrecha para los otros. Una "omisión" de mis partidarios puede ser un pecado mortal si lo hacen otros.
Tal parece la situación que enfrenta la senadora Xóchitl Gálvez, convertida en un interesante fenómeno político: por un lado, surgió de repente como una figura de enorme arrastre, al menos entre los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, y capaz de enfrentar al mandatario en sus propios términos. Por otro, desafían una callada renuencia en los partidos que forman la alianza de oposición.
La animosidad entre AMLO y Gálvez parece evidente. Tanto que la andanada de ataques del propio Presidente ha construido la figura de la senadora, aunque también alentó a denuncias de partidarios de López Obrador para demandar lo que más parecen expediciones de pesca que indagaciones judiciales contra Gálvez.
Esas denuncias han creado preocupación, en México y el extranjero, de que el gobierno de AMLO se prepara a usar argucias judiciales para detener a Gálvez.
López Obrador, cuando estuvo a cargo de gobernar el Distrito Federal, enfrentó en 2005 un intento de desafuero atribuido a la administración de Vicente Fox, primer opositor que llegó a la Presidencia, por la construcción presuntamente ilegal de una calle para facilitar el acceso a un importante hospital privado en Santa Fe.
En esa ocasión, en un discurso en su defensa ante la Cámara de Diputados, AMLO denunció el uso del derecho contra los opositores al gobierno. El intento fracasó ante el rechazo que generó a todos los niveles y una movilización popular propiciada por sus seguidores.
Según Guillermo Osorno, en su libro Los Gobernadores, el propio Fox "finalmente se dio cuenta de que el asunto del desafuero lo había desbordado. Sus asesores recomendaron echar marcha atrás y la noche del 27 de abril leyó un discurso en la televisión en el que anunció que aceptaba la renuncia del procurador Rafael Macedo de la Concha y, como Presidente de un país democrático, no le impediría a nadie que se presentara a la contienda electoral".
"La analista política Denise Dresser escribió unos días después: 'Todos aquellos que han intentado frenar a López Obrador se han convertido en cómplices de una autodestrucción anunciada. Desactivaron una bomba que iba a dañar el país. Ahora han armado una que les explotará en las manos'".
Usar el Poder Judicial contra la oposición suele tener éxito en países autoritarios, pero AMLO –como Fox– afirma ser demócrata.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
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