La buena: Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral, es congruente en sus proyectos de resolución. Tanto por cuanto al Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD) se refiere, como por lo que tiene que ver con el proceso de “defensa de la 4t” (así le llaman en Morena). Con el mismo criterio jurídico en los dos casos, ella establece los argumentos que definen que ambas partes deben suspender sus actividades de inmediato por ser ilegales.
La mala: tanto los miembros y seguidores del régimen como los de la oposición se le han ido encima por su congruencia en actitud y en voto. En pocas palabras, todos piden que se cumpla la ley, pero “en las mulas de sus compadres”. Y si bien es cierto que el Frente no lleva haciendo proselitismo tendiente a 2024 tanto tiempo como Regeneración Nacional, la ley se hizo para todos y la autoridad electoral no debe frenar a la 4t y permitir que el Frente siga adelante, ni viceversa.
La peor: la Consejería Jurídica de la Presidencia, para evitar ser notificada por el INE, argumentó que se encuentran de vacaciones hasta el 31 de julio (incluido). A modo de enfatizar el bulo, la titular de esta, María Estela Ríos González, acudió la mañana del martes al Patio Mariano de Palacio Nacional para participar en el aniversario luctuoso de Benito Juárez, donde reiteró que su oficina está de vacaciones. Es curioso: para alguien que jura trabajar 18 horas al día (me refiero a AMLO, evidentemente), no se comprende que no tenga a alguien 24/7 en Palacio para atender temas importantes… Total, ya por fin acusaron recibo.
Pero aquí va la pésima: mismo siendo correcto y congruente, fue demasiado tarde y demasiado poco lo que significó el posicionamiento de la magistrada Otálora. Y es que van dos años en que la cancha electoral está abiertamente dispareja. Todo este tiempo, López Obrador se ha desempeñado como el director de campaña, el comunicador y el violador de leyes, para dar una ventaja a las “corcholatas” de Morena. Nadie lo ha callado. Las “corcholatas” se congratulan y se ufanan de serlo, mientras Ricardo Monreal y Fernández Noroña pugnan por ser considerados como tales. El titular del Ejecutivo se pitorrea enfrente de todo el país y nadie ha hecho nada. Una muestra del nulo valor que la sociedad toda le confiere a la ley y a las instituciones del Estado.
La norma ha sido violada de manera ininterrumpida desde 2021. Legislación que el mismísimo López Obrador impulsó cuando era oposición para evitar que el titular del Ejecutivo federal se inmiscuyera en la vida política del país, apoyando a sus correligionarios o vulnerando las oportunidades de los contrincantes de otras denominaciones.
Y en esas seguimos… Con lo cual, sí, el voto de la magistrada Otálora va en la dirección correcta, pero tarde e insuficiente. Y no hablo de su posicionamiento como ponente (le podría haber tocado el premio de la “rifa del tigre” a cualquier otro magistrado), sino del resto del tribunal. El voto de la magistrada no es suficiente porque, aunque sea congruente, tiene de trasfondo el saber que en este país las resoluciones judiciales —así sean de corte electoral— no se acatan.
La congruencia en el TEPJF se agradece, es una condición necesaria en el equilibrio democrático, pero no suficiente. Los partidos lo saben y se aprovechan de ello.
Si bien hoy se discute el proyecto de la magistrada Otálora (al momento que esto escribo aún no tiene lugar la sesión en la materia), tristemente hace mucho que el —poco— tiempo democrático que tuvo este país quedó rebasado. Lo que se esperaría como mínimo, no obstante, es que la votación del pleno sea unánime y en los mismos términos que se votó la resolución equivalente con respecto al proceso “interno” de Morena y aliados. “O todos coludos o todos rabones”. Al menos eso.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
COLABORADORA
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@MALOGUZMANVERO
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