En momentos en que las autoridades financieras revisan el expediente de Bursamétrica para que pueda fungir como casa de bolsa, su principal accionista está envuelto en una serie de dimes y diretes financieros.
Quien se presenta como presidente de Bursamétrica, Ernesto O'Farrill Santoscoy, se encuentra sumergido en un pantano de líos económicos y legales.
O'Farrill Santoscoy es accionista en un par de razones sociales, según datos del Registro Público de la Propiedad, sin embargo, señalan fuentes internas que al casabolsero no le significarían nada en términos de ingresos.
Por el contrario, tendría vínculos con Optimización Dalga y Sófocles Servicios y Administración, empresas incluidas en la lista de Empresas con Operaciones Simuladas o EFOS del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que lleva Antonio Martínez Dagnino.
Además de otras empresas que por sus rasgos podrían serlo, según fuentes consultadas, como Operadora Daixa, Venalicum & Professionalem MK, Emprendedora Rafiki Zade, Insesa Inteligencia en Servicios Empresariales, TPE Consulting Group, Administración de Negocios Alcántara, Corporativo Administrativo Empresarial del Bajío, TSADEH y Yamelly, las últimas cuatro, constituidas el mismo día, o en fechas recientes y sin presencia pública.
Se sabe que O'Farrill habría recibido de estas sociedades, de 2017 a 2020, más de 12.9 millones de pesos de ellas por concepto de sueldos y salarios, además que se refieren que entre 2021 y 2022 Santoscoy no habría emitido facturas a clientes a su nombre, y solamente presentó operaciones con proveedores por 5.9 millones de pesos en el periodo.
Otro dato relevante es que, en diciembre de 2015, a través de un contrato privado, habría solicitado un crédito hasta por cinco millones de pesos en el que se determinaron 600 mil pesos de intereses, y en el que su esposa, Lorena Amescua, habría fungido como la Obligada Solidaria del contrato.
En diciembre de 2016, le habrían otorgado otro crédito por 10 millones de pesos, y en consecuencia, Lorena Amescua habría hipotecado un inmueble de su propiedad, ubicado en Santa Fe por 15.6 millones de pesos. El 21 de mayo de 2018, revelan fuentes, se habría ampliado la hipoteca por la cantidad total de 29.1 millones de pesos.
Finalmente, según relatan, en julio de 2022, se habría registrado una anotación preventiva de demanda relativa al juicio especial hipotecario que se promovió en contra del analista en el que le demandan el pago de 24.1 millones de pesos, además de intereses, gastos y honorarios del juicio.
A lo anterior se suma que los registros de las marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que tanto presume este empresario, le fueron embargados desde septiembre de 2022. Aunque O'Farrill se habría amparado para tratar de evitarlo, pero lo cierto es que sus finanzas y reputación están en el aire.
POR ROGELIO VARELA
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