El método de selección del candidato presidencial del partido en el gobierno, basado en encuestas, no tiene precedentes en México y su talante democrático debiera ser reconocido por todos, aunque es claro que esto es imposible en un México polarizado.
Se habla mucho de la intervención presidencial en el proceso de Morena y es claro que las grandes líneas del método son de la autoría de Andrés Manuel López Obrador. ¿Debería esperarse una conducta distinta de un mandatario que desea preservar la unidad del partido que fundó y prolongar en el futuro la transformación que, para bien o para mal, se ha iniciado en el país?
Ahora bien, de ahí a suponer que el Presidente decidirá como antaño quién será su sucesor hay una gran distancia. ¿O será que AMLO es tan barroco y maquiavélico que impulsa un complejo método de encuestas para imponer a su favorita/o, cuando si de imponer se tratara habría otras maneras más fáciles y directas como en la época del priismo hegemónico?
Sin embargo, el método presentado por Morena el domingo 11 de junio de 2023 ofrece al menos tres grandes problemas que, si no tienen una adecuada canalización, podrían enturbiar la próxima elección presidencial. Estos problemas son:
UNO. La estrategia morenista rompe o puede romper, como una gran piedra lanzada contra un ventanal, el marco normativo constitucional y legal relativo a precampañas, así como los tiempos previstos en la ley. La atípica anteprecampaña no puede ser encuadrada exactamente en los supuestos legales, pero hay criterios que pueden servir para fundamentar las previsibles acciones del INE y del Tribunal Electoral.
DOS. Conviene preguntarse cómo serán las giras y actividades de los anteprecandidatos porque los criterios aplicables resultan paralizantes para un proselitismo anticipado. No sólo eso, el INE ha emitido medidas cautelares de tutela preventiva específicamente a los militantes de Morena. El sofisticado nombre que el partido da a los anteprecandidatos no alcanza a encubrir lo que realmente son.
TRES. Es importante saber -y no se sabe aún- de dónde provendrán los fondos para los recorridos que seis o más anteprecandidatos (una diputada quiere sumarse a los seis originales) harán por el país. Las giras tienen una innegable naturaleza partidaria y, por tanto, esos fondos deben provenir preponderantemente del financiamiento público. Con más de 1900 millones de pesos asignados en 2023, Morena puede financiarlas, pero no está claro bajo qué concepto, porque ni siquiera el proceso electoral ha comenzado. Este es un aspecto que debe ser transparentado, por más que, por su atipicidad, no será fácil encuadrarlo en los supuestos de fiscalización. Si se tratara de solo autofinanciamiento de los aspirantes, habría que aplicarles los límites para casos semejantes. Al no haber normatividad específica, tales gastos podrían quedar en completa opacidad y el principio constitucional de prevalencia del dinero público sobre el privado podría quedar hecho añicos.
Se precisa evitar que la piedra rompa el ventanal.
Plus online: Lo que prohíbe el INE
En el marco de la atípica estrategia de Morena para designar a su candidata/o presidencial, resulta de gran importancia la reunión que celebró el presidente López Obrador con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, encabezados por su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
La consejera presidenta explicó que habrá reuniones con diversas instancias del gobierno federal para abordar asuntos de interés común, lo cual es relevante no sólo por los temas que se abordarán, sino porque implica la normalización de la relación institucional tras de que el anterior presidente del INE había entrado en confrontación con el Ejecutivo.
Conviene recordar que hace un par de semanas el INE -su Comisión de Quejas- determinó, ante el activismo anticipado de los anteprecandidatos, una tutela preventiva solicitada por un partido y ordenó a Morena conminar a militantes, simpatizantes y a posibles aspirantes, que se abstengan de realizar eventos en los que se promueva “a cualquier actor político con miras al 2024, así como asistir y/o participar en éstos o distribuir elementos de propaganda como lonas, mantas, microperforados, calcas para vehículos”.
Las restricciones incluyen contratar anuncios espectaculares, pintar bardas con frases alusivas a cualquiera con aspiraciones a algún puesto de elección y realizar cualquier acto que pudiera afectar el principio de equidad en el proceso electoral.
La tutela preventiva está vigente y se precisa determinar cómo hacer frente a lo que evidentemente es una precampaña anticipada que difícilmente podrá conciliarse con las restricciones fijadas por el INE. Todo un desafío.
POR EDUARDO R. HUCHIM
@EDUARDORHUCHIM
PAL