Como estaba previsto, Morena inició su proceso interno para seleccionar a quien denominan coordinador de defensa de la 4T. Conforme a sus estatutos, Morena convocó a su Consejo Nacional y acordaron lo que había informado previamente el presidente López Obrador. No hay sorpresas, sino llamados a la unidad.
Con todo, es evidente que el procedimiento es una precampaña, pues incluso el Presidente se refiere a quien salga exitoso en la encuesta, como su sucesor o sucesora. Se trata de una simulación con objetivos políticos muy evidentes: posicionar desde ya, con propuestas y proyectos a quien obtendrá la candidatura.
También se trata de un mecanismo para buscar eludir la ley en la parte relativa a las precampañas.
Por eso, hicieron bien los consejeros electorales del INE y su presidenta, Guadalupe Taddei, en expresar al Presidente su preocupación por la anticipación del activismo de los aspirantes de Morena en búsqueda de la candidatura presidencial. Lo cierto es que el procedimiento acordado por el Consejo Nacional de Morena se realiza fuera de los tiempos legales establecidos (tercera semana de noviembre), además de que los partidos tendrían que notificar previamente al INE las características del procedimiento que aplicarán.
La simulación consiste en hacer creer que no se trata de precandidatos y que se trata de un procedimiento diferente para nombrar al defensor de la 4T. Con ello se elude informar a las autoridades; registrar a las precandidaturas; establecer límites al gasto en el proceso; informar el origen de los recursos que se invertirán; permitir al INE realizar la fiscalización de los gastos; y transparentar el proceso. Después, en los tiempos oficiales, Morena participará con un solo precandidato y realizará el procedimiento protocolario para formalizar su candidatura. La ley quedaría a un lado.
La preocupación del INE tiene bases sólidas. La reforma de 2007 en esta materia se hizo justamente para evitar ese tipo de simulaciones. Se buscaba que ninguna fuerza política adelantara posicionamientos para garantizar la equidad en la competencia electoral. Por eso se establecieron tiempos definidos.
Se trataba de normas para garantizar elecciones democráticas que estuvieron vigentes en los comicios de 2012 y 2018. A partir de ahora, el INE y el Tribunal Electoral recibirán las quejas de la oposición y tendrán un gran dilema: permitir la simulación en curso, con todas sus consecuencias, incluyendo la opacidad de los recursos, o establecer criterios claros para que todos los partidos, los medios de comunicación, los aspirantes y sobre todo la ciudadanía, tengan certeza de las obligaciones y responsabilidades de los actores, y los tiempos en los que deberán realizarse los procesos.
Para la oposición estos temas parecen estar claros; para el gobierno y su partido, la interpretación es distinta. A todos conviene tener certeza, pues de otra manera, el proceso electoral presagia conflictos. Es un dilema complejo para el INE y el TEPJF; ellos dirán el camino legal a seguir.