La división de poderes es un elemento indispensable para una democracia funcional. La decisión de la SCJN de darle palo al Plan B del presidente López Obrador nos recuerda que en México hay contrapesos y que funcionan.
Mal arranca la semana al que ahorcan en lunes, reza el refrán, y muy mal arrancó esta semana para el proyecto alterno de reforma electoral de AMLO, el tan llevado y traído Plan B que vino a suplir a su intento de reforma constitucional.
Por 9 votos a 2, el pleno de la Suprema Corte echó para atrás el primer componente de dicho plan, que buscaba reformar las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas y hubiera dejado el campo abierto para que servidores públicos federales, estatales o municipales salieran abiertamente a hacer campañas.
Algo muy importante en la decisión mayoritaria de la SCJN es que no se mete al fondo del asunto, es decir, a si dichos cambios a la ley son o no constitucionales, sino a la forma en que se llevaron a cabo los procedimientos legislativos, sin dar tiempo para su debido análisis y discusión.
Lástima el desaseo, porque es una discusión que podría haber sido útil y relevante: la legislación mexicana es terriblemente restrictiva en cuanto a lo que permite o prohíbe hacer a los actores políticos en tiempos electorales, y a mi juicio le dijeron ponen un bozal y una camisa de fuerza a la comunicación política en México.
Pero eso no era lo que estaba a discusión en la Corte. El apresuramiento del proceso de votación en el Congreso sentaba peligrosos precedentes para la vida legislativa, porque no es lo mismo que los partidos puedan imponer su mayoría en la votación, a lo que tienen pleno derecho, a que violen las normas elementales de la convivencia democrática en el Congreso: debate, análisis, discusión, deliberaciones.
Escribo estas líneas apenas un par de horas después de que se dio a conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia, pero ya veo venir las iracundas reacciones del oficialismo en contra del Poder Judicial. Será un error, porque la Corte no ha invadido la esfera del legislador, solamente le ha recordado que las leyes merecen respeto desde el momento mismo en que inicia su discusión: un buen mole no se prepara sobre la base de un preguisado de origen cuestionable.
La votación también echa por tierra el ya cansado discurso de la tiranía y la dictadura: en México hay división de poderes y hay contrapesos que funcionan.
Ni el presidente López Obrador ni sus partidos aliados tenían la necesidad de impulsar esta serie de reformas apresuradas y sin el concurso de las fuerzas políticas opositoras. Su aprobación hubiese causado daño a la legitimidad y credibilidad del proceso electoral de 2024.
Ahora, la SCJN regresa el asunto a donde corresponde: a los ciudadanos para que, con sus votos, determinen el futuro político de nuestro país.
POR GABRIEL GUERRA
COLABORADOR
GGUERRA@GCYA.NET
@GABRIELGUERRAC
PAL