La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el próximo lunes 9 de mayo el proyecto que recientemente les ha presentado a sus colegas el ministro Alberto Pérez Dayán. Este proyecto propone invalidar el llamado “Plan B” electoral por los diversos vicios en el procedimiento legislativo que dieron origen a las reformas aprobadas en materia político electoral a nivel federal.
Probablemente escucharemos a los integrantes de la 4t, liderados por el presidente AMLO, decir que está mal el mencionado legista y cualquiera de los ministros que vote a favor de su postura. Pero la verdad es que si los diputados y senadores de la 4t hubieran legislado de manera correcta no estaríamos presenciando el bochornoso señalamiento de todos los errores que cometieron. Y es que aunque López Obrador diga “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, afortunadamente aún en la SCJN la mayoría de los ministros respetan la Constitución —tal y como juraron hacerlo—.
Poco a poco vamos confirmando que las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos de oposición tienen fundamentos legales (o dicho de otro modo, algo tienen de razón en impugnar lo que Morena y aliados aprobaron en el Congreso).
Para fines de claridad para todos los mexicanos que no somos constitucionalistas, lo que está presentando el ministro Pérez Dayán en su proyecto de sentencia es lo siguiente:
• Se violaron los artículos 71 y 72 Constitucionales pues no se respetó el proceso legislativo; esto es, las reformas no se discutieron en comisiones, no se generaron dictámenes de estas, ni se dio un debate incluyente. Con lo cual, por cierto, también se contravinieron las reglas internas de ambas cámaras.
• Las reformas a la Ley General de Comunicación y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se aprobaron por la mayoría de la 4t en ambas cámaras legislativas registrando un “cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos internos de ambos cuerpos. Vamos, los legisladores 4t no conocen ni siquiera las reglas que los rigen hacía su interior.
• No se permitió a las minorías legislativas el derecho a debatir, a discutir y a que sus propuestas fueran escuchadas.
• Los diputados de la 4t le dieron un tratamiento indebido a las reformas, pues las consideraron “de urgente y obvia resolución”. La facultad constitucional de presentar iniciativas por parte del presidente con carácter “preferente” no estaba vigente en ese momento (el mandatario sólo puede hacer uso de esta facultad el primer día de apertura de cada periodo ordinario de sesiones).
• Las iniciativas fueron aprobadas el mismo día que se presentaron. No se conocieron a tiempo, ni se publicaron con la anticipación debida para su discusión o para su conocimiento. Tampoco existió una deliberación informada y democrática. Los derechos a la representación popular no se tomaron en cuenta.
Como es evidente, el proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán señala errores de párvulos cometidos por los legisladores durante los procesos legislativos; los legisladores de la 4t no tuvieron el cuidado de conocerlos.
El violar la normatividad, no de una sino de ambas cámaras, muestra desaseo a grado sumo. También, que han olvidado por completo que sus representados son los mexicanos y no —o no sólo— López Obrador. Diputados y senadores se han convertido en autómatas de Palacio.
Si los legisladores federales de la 4t insisten en violar el proceso legislativo y la misma Constitución con tal de cumplirle a López Obrador, volverán a quedar evidenciados y tarde que temprano se les llamará a cuentas.
El proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán se dibuja como una clara vía para echar abajo las 20 reformas aprobadas ilegal y arbitrariamente el pasado sábado 1 de mayo. La soberbia de la mayoría legislativa está despreciando la ley. Necesario enfatizarlo.
Ahora tocó el turno a Pérez Dayán ir al rescate de esta. ¿Cuántas veces será necesario? ¿Cuántas más?
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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@MALOGUZMANVERO
MAAZ