América Latina experimenta una crisis de gobernabilidad que muestra las insuficiencias de los arreglos institucionales vigentes para resolver pacíficamente los conflictos sociales. A diferencia de las caóticas –incluso violentas– transiciones de poder de finales del siglo XX, el contexto actual no se explica por el intervencionismo externo, sino por una creciente polarización de las sociedades nacionales.
En Perú, la destitución de Pedro Castillo sumió al país en un caos que cobró la vida de decenas de manifestantes. La crisis institucional en el país lo ha llevado a tener seis presidentes en los últimos seis años. Bolivia vivió lo que se ha denominado un "golpe de Estado constitucional" que trastocó el orden público a niveles inusitados. En Argentina, Cristina Fernández; y en Brasil, Dilma Rousseff, enfrentaron juicios políticos altamente costosos para la convivencia política nacional. Y en el primero, se vive un conflicto cada vez más abierto y frontal entre el Ejecutivo y la Corte Suprema. Además, el fracaso del proceso constituyente en Chile debilitó la legitimidad del gobierno de Gabriel Boric.
El 17 de mayo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso decidió disolver la Asamblea Nacional basándose en la facultad que le otorga el artículo 148 de la Constitución. Ello implica el deber de convocar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales en seis meses. La decisión del presidente Lasso se dio en el contexto de un proceso de juicio político por presunta malversación de fondos, iniciado en su contra por una Asamblea Nacional de mayoría opositora. Con ello, Ecuador se suma a la lista de ejemplos de la crisis de gobernabilidad institucional en la región.
No es casualidad que estas crisis sucedan en países cuyos actores políticos, en el gobierno o en la oposición, han utilizado la división social y la confrontación como estrategias para posicionar su agenda política. Estas estrategias no sólo erosionan la confianza ciudadana en las instituciones, también elevan los costos para los involucrados, al punto en el que negociar con el adversario deja de ser una opción factible. Y cuando se acaba la política, se instala el riesgo de la violencia.
Esta nueva ola de inestabilidad política en América Latina expone las graves consecuencias que puede tener la polarización social sobre los frágiles arreglos institucionales de las democracias jóvenes. El uso de los juicios políticos para suprimir al adversario, la falta de disposición para el diálogo entre las fuerzas políticas nacionales y la creciente tensión entre los poderes Legislativo y Ejecutivo son señales claras de la necesidad de repensar la política y construir nuevos consensos que otorguen credibilidad y legitimidad a los sistemas democráticos y a sus instituciones.
Es fundamental emprender la construcción de nuevos acuerdos que reconozcan la pluralidad de las sociedades, garanticen canales institucionales para atender y solucionar los conflictos y permitan restablecer la estabilidad social y la convivencia democrática en los países de la región.
Los consensos democráticos y los arreglos institucionales responden a la dinámica social. Su vigencia es producto del diálogo y la adecuación de los entendimientos. Por ello deben revisarse, ajustarse y actualizarse para garantizar su funcionamiento. Debemos estar atentos a las señales de alerta y anticiparnos a ellas para asegurar que los procesos políticos sigan siendo pacíficos y ordenados. Sólo así podremos eludir los riesgos de una ruptura total y sus costos para la sociedad.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
@RUIZMASSIEU
SENADORA DE LA REPÚBLICA
PAL