La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ocho votos a favor y tres en contra, declaró inválido un decreto de López Obrador que clasifica como “asuntos de seguridad nacional” los proyectos prioritarios del Gobierno Federal. Esto es, señaló la inconstitucionalidad de este y con ello inexistente para todo el poder Ejecutivo Federal (detallo lo anterior no con fines de exposición, sino para que la ministra Yasmín Esquivel lo entienda).
Es una lástima para López Obrador haber quitado a Julio Scherer de Consejero Jurídico de la Presidencia. Mientras él detentó el cargo, estas pifias no salían de Palacio Nacional (ahora que quizá esa fue precisamente una de las razones para removerlo). Total, que ya van varios de sus decretos, iniciativas, caprichos y ocurrencias que carecen de legalidad.
Sabemos que son muchos de estos (parte del plan de AMLO, con el fin de minar al tribunal máximo, es atiborrarlo al máximo de chamba), pero en un país donde nos gobernamos por leyes y no por la voluntad del presidente en turno, a la Corte no le queda más remedio que atajarlas una a una y al hilo. Esa es su obligación y su responsabilidad. ¡Se trata de la Constitución del país —sus cimientos—, ni más ni menos!
Fuera de lo vergonzoso (la lógica de Esquivel) y lo jocoso (la cara del ministro Javier Laynez cuando Yasmín abrió la boca) que ocurrió durante la votación de la Suprema Corte, se asoma algo terrible: la obcecada necedad de Presidencia de no acatar la ley, pero tampoco las resoluciones de la Corte. No habían pasado 12 horas de la votación en el tribunal en comento cuando López Obrador emitió nuevamente otro decreto inconstitucional (mismo tema, misma estructura, mismo procedimiento). Con este reitera —según su caprichoso e ilegal entender-- que la construcción de bienes públicos, transporte, aeropuertos, Tren Maya y el corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec son asuntos de seguridad nacional. Con ello, la opacidad en torno a sus costos seguirá y no cumplir con la solicitud de permisos ambientales y de construcción serán el pan de todos los días.
Pero la actitud del primer mandatario no sólo es muestra de no tener la menor intención de respetar el orden constitucional y democrático de los contrapesos en la esfera de la política nacional. También es señal de que busca el conflicto con la SCJN; provocar enfrentamientos y, a partir de estos conflictos, destruir ese otro poder de la Unión. El fin último: crear una situación de ingobernabilidad y afianzarse como único dueño y amo de los destinos de los mexicanos.
La actitud que paulatinamente ha ido adoptando Andrés Manuel indica que este no se contenta con un simple reto a la SCJN, tampoco con pasar por encima de la norma o imposibilitar que sus deseos sean frenados dentro de los cauces institucionales. No. Asoma ya sus intenciones golpistas para con México.
Los ciudadanos estamos permitiendo el constante golpeteo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este se ha instalado y naturalizado tal como lo pretendió López Obrador. Primero cuestionando su respetabilidad y sus resoluciones, ahora pugnando por una consulta popular —amañada como todas las que ha realizado Palacio Nacional— con el objeto de insistir en la elección, mediante voto directo popular, de los ministros de la Suprema Corte.
Ya basta. Es fundamental que la población mexicana, siempre dentro de las vías legales e institucionales, se manifieste masivamente en favor de la Corte. Es menester mostrar que la ciudadanía está con los constitucionalistas, pues es la Carta Magna y el Estado de Derecho lo único que asegura la mejora y el bienestar del país como un todo.
Nos estamos tardando, la 4t y el autócrata se deja ver cada día un poco más. El pueblo de México no debe de pensar únicamente en comicios y gobernantes; debe encauzar sus acciones de forma sistemática, efectiva e inteligente en defender instituciones. Una de ellas, la más importante, es la cabeza del Poder Judicial.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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MAAZ