En 2019, ante las oleadas de caravanas migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, el gobierno de Estados Unidos emprendió una agresiva campaña diplomática para promover la firma de un Acuerdo de Tercer País Seguro con México y Guatemala. Ese acuerdo habría permitido al gobierno de EU cancelar la posibilidad de solicitar asilo para prácticamente cualquier persona que ingresara a su territorio a través de nuestra frontera común.
México no podía ni debía aceptar un acuerdo de esta naturaleza: por respeto a nuestra soberanía nacional, por responsabilidad humanitaria y por viabilidad práctica. La ausencia de una política de asilo, las insuficiencias del sistema de protección a refugiados y la falta de programas para la integración de población extranjera nos hacían el candidato menos idóneo.
Pese a las amenazas arancelarias del entonces presidente Donald Trump, México resistió las presiones. Y se logró eludir tanto la firma del acuerdo como un posible desencuentro comercial. Una victoria efímera, que se vio eclipsada con el anuncio del programa “Quédate en México”, mediante el cual más de 75 mil personas solicitantes de asilo fueron obligadas a esperar durante meses en nuestro país, mientras las autoridades estadounidenses atendían sus solicitudes. El programa se mantuvo vigente hasta el año pasado.
La pandemia permitió a EU obtener una justificación legal –que no requería de la aceptación de México– para restringir el acceso de solicitantes de asilo a su territorio con la activación del Título 42, una disposición sanitaria que permite expulsar rápidamente a las personas migrantes como medida de emergencia para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Y que precisamente hoy llega a su fin.
En los hechos, México se ha convertido en el Tercer País Seguro que se pretendía en 2019. Sin embargo, la realidad es aún peor que si se hubiera firmado un acuerdo: sin un piso legal mínimo, sin responsabilidades claramente establecidas y con una gestión migratoria poco institucionalizada, que depende enteramente de acuerdos ajenos al escrutinio público.
El destino de cientos de miles de solicitantes de asilo es incierto. Y eso es un factor de inestabilidad de nuestra relación bilateral, que depende de un precario entendimiento coyuntural entre funcionarios. Los acuerdos migratorios, que deberían sustentarse en el derecho internacional y buscar la colaboración de organismos internacionales especializados, se sustentan en comunicados poco transparentes. En el más reciente, del pasado 2 de mayo, el Gobierno de México se limita a anunciar que “México continuará aceptando de regreso a migrantes bajo motivos humanitarios”.
La migración es un asunto de Estado y uno de los temas prioritarios de la relación bilateral. De cara a los procesos electorales de 2024 en ambos países, será un factor central que puede reavivar las tensiones e incluso provocar desencuentros. Debemos estar preparados.
México ha sido, es y seguirá siendo el trampolín global hacia Estados Unidos. Y, al menos desde hace tres años, es de facto un Tercer País Seguro. La realidad no cambiará con el fin del Título 42. Es momento de asumirlo y tomar decisiones para enfrentar este desafío con dignidad, con humanidad y con estrategia.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SENADORA DE LA REPÚBLICA
@RUIZMASSIEU
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