Todas las personas tenemos derecho a la privacidad. Es un derecho humano fundamental. Así lo reconoce el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que señala: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación…Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”
Está clarísimo. Nadie tiene derecho, y menos el gobierno, a inmiscuirse en nuestra vida privada, siempre y cuando nuestras acciones no constituyan actos u omisiones que dañen los derechos de terceros, o violen la constitución y las leyes que de ella emanan. Pero los gobiernos no son personas. Son construcciones sociales. Como personas, los gobernantes tienen el mismo derecho a la privacidad. Pero carecen de ese derecho cuando sus dichos, acciones y decisiones constituyen actos de gobierno. En una democracia los gobernantes están obligados a garantizar el acceso a la información gubernamental porque no son dueños de esa información, que en realidad pertenece a los ciudadanos.
Uno indicador clave de un régimen democrático es si los ciudadanos pueden acceder a la información gubernamental mediante una instancia pública y autónoma del gobierno. Sin acceso a la información gubernamental, con procedimientos establecidos para salvaguardar la seguridad nacional, los gobiernos pierden su orientación democrática.
El acceso a la información gubernamental es esencial para hacer efectivo el derecho humano a la libertad de expresión, según la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en 1948 con el voto afirmativo de México, que en su artículo 19 establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
El Comité de Derechos Humanos, compuesto por expertos independientes, es el órgano encargado de supervisar la aplicación del PIDCP, ratificado por nuestro país en 1981, reafirmó en su Observación General No. 34 que el acceso a la información gubernamental es un requisito previo para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, por lo que ha instado a todos los gobiernos a garantizar el acceso a la información pública y la transparencia. https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/ccpr/general-comments
En septiembre de 2015 se reafirmó el consenso internacional a favor de la transparencia gubernamental, cuando la Asamblea General aprobó la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 16 referido a la paz, la justicia y los derechos humanos reconoce que la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas son elementos fundamentales de un gobierno abierto y efectivo. https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals/paz-justicia-instituciones-solidas
Por eso hoy en el mundo los gobiernos más dictatoriales carecen de leyes y procedimientos para garantizar ese derecho. Pero todas las naciones democráticas, incluyendo no sólo a Australia, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Finlandia, el Reino Unido, Suecia, o Noruega, sino también países de nuestra región, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, o Perú, cuentan con
instancias y organismos similares al nuestro Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
La insistencia del gobierno de desaparecer el INAI, por medio del cual cualquier persona puede solicitar acceso a la información en poder del gobierno, constituye una marcada regresión antidemocrática. El acceso a la información gubernamental es un derecho humano fundamental, garantizado en el artículo 6º de la Constitución desde 1977, durante el gobierno de López Portillo, cuando el estado mexicano inició su largo y sinuoso camino para abandonar el autoritarismo y convertirse en un estado democrático.
Sucesivas reformas constitucionales aprobadas en los últimos treintaicinco años, incluyendo la creación del entonces IFAI en 2002, hoy INAI, consolidaron entre nosotros el derecho a pedir y recibir información del gobierno, para saber cómo, cuándo y porqué toma las decisiones que toma, a investigar posibles violaciones a la ley, y en general a obligar a los gobernantes a rendir cuentas de sus actos. No es el único procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía, pero sí es el más accesible a cualquier ciudadano.
El gobierno debe rectificar. El INAI es indispensable en el mantenimiento de la democracia en nuestro país, tan importante como el Instituto Nacional Electoral. Sin acceso libre a la información gubernamental corremos el riesgo de volver a un régimen autoritario. Retornaremos a los dictados del Marqués de Croix, Virrey, gobernador, y capitán general del Reino de Nueva España, quien en 1768 hizo saber a todos los habitantes de la Nueva España…”pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir, ni opinar en los altos asuntos del gobierno.”
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY
@MIGUELRCABANAS
LSN