A lo largo de su historia, los países de América Latina y el Caribe han experimentado crisis económicas y financieras, cuyo impacto ha sido diferenciado, pero que han tenido un denominador común: la afectación de los menos privilegiados, de aquellos sectores de la sociedad con ingresos bajos, que carecen de un sustento decoroso para vivir en condiciones de dignidad y bienestar.
Hoy, la región vuelve a ser presa de un fenómeno que se desató a nivel global y que incide directamente en la calidad de vida de los más pobres: la inflación. Eventos como la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y el agotamiento de modelos económicos tradicionales, han contribuido a un alza de precios generalizada, dificultando el acceso a productos básicos, bienes intermedios y servicios y, por ende, provocando un aumento del hambre y de inseguridad alimentaria.
Ante dicho panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador no dudó en convocar a Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Honduras para formar un frente común que, mediante acciones coordinadas, logre reducir las presiones inflacionarias en favor de los más vulnerables, con miras a la inclusión, en un futuro cercano, de otras naciones hermanas y para lo cual San Vicente y las Granadinas –en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)– también fue invitado a sumarse como observador.
En el gobierno de la Cuarta Transformación nada es retórica, es por ello que este esfuerzo se hará realidad en la Cumbre de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación, que se llevará a cabo, en formato virtual, el día de mañana, 5 de abril, con la participación de diez mandatarios, reconociendo la urgente necesidad de adoptar medidas que garanticen la alimentación y la producción sostenible en nuestros territorios.
La cooperación regional será uno de los aspectos clave a impulsar en el marco de la Cumbre, entendida no como una tarea limitativa a los gobiernos, sino como un espectro más amplio en el que el sector privado jugará también un papel central, contando con la asesoría técnica de organismos especializados para definir un nuevo esquema de colaboración tendiente a la instrumentación de facilidades comerciales, así como de medidas logísticas y financieras que permitan que el intercambio de productos de consumo básico e insumos se realice en las mejores condiciones, con la intención de abaratar los costos para la población más pobre.
Es con el espíritu de no dejar a nadie atrás que se celebrará este encuentro de naciones progresistas, con una mirada innovadora y asertiva, sobre las iniciativas y proyectos que es preciso emprender para luchar de manera efectiva contra la inflación y proveer a sus pueblos de suficiente alimento, seguro y nutritivo –así quedó consagrado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) de 1996– y es en virtud de ese noble objetivo que los países participantes conducirán sus trabajos.
Por Maximiliano Reyes Zúñiga
Subsecretario para América Latina y el Caribe en la SRE
@maximilianoreyz
LSN