El lopezobradorismo ha sido, ante todo, un destructor de instituciones. En cuatro años y medio ha eliminado, cooptado o hecho en la práctica inservibles al menos 90 organismos y mecanismos gubernamentales –contando los 18 que en estas semanas pretenden extinguir.
El argumento es la austeridad y el combate a la corrupción. Esto es falaz, pues los organismos que busca destruir le cuestan un porcentaje mínimo al erario. El presupuesto del INE para este año, por ejemplo, es apenas el 0.2% del gasto federal. A su vez, este gobierno engendró y tolera el fraude más grande en la historia reciente, Segalmex, por 15 mil millones de pesos.
La principal razón para el desmantelamiento institucional es centralizar el poder. La mayoría de los órganos bajo ataque comparten dos características: ser técnicos y gozar de autonomía (en mayor o menor grado) lo cual impide, o al menos dificulta, la imposición de los dictados políticos de la presidencia. Recordemos, por ejemplo, cuando inicios de la administración eliminaron el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, porque exhibía el fracaso de la política educativa.
Otra causa es económica. Cuando eliminan órganos como el Indesol (que, entre otras cosas, conducía la iniciativa de refugios para mujeres que padecen violencia), su presupuesto se recicla, pero no para ayudar a las comunidades o personas marginadas, sino a las obras que obsesionan al presidente, como la absurda refinería, o se pierden en la opacidad y probablemente en la corrupción.
La destrucción también ha sido por motivos ideológicos. Como el Seguro Popular fue creado por gobiernos panistas, AMLO decidió eliminarlo y sustituirlo por el INSABI. Antier los propios diputados oficialistas tuvieron que reconocer que fue una entelequia que jamás funcionó y lo cancelaron. En el proceso, millones de personas se quedaron sin medicinas, tratamientos, atención, y a causa de ello nunca sabremos cuántos perdieron la vida.
Una vía adicional de desmantelamiento ocurre al rendir la administración civil a las Fuerzas Armadas en cada vez más áreas. Apenas ayer en la madrugada, el lopezobradorismo votó la concesión permanente del tren maya al Ejército, el control del espacio aéreo y el manejo de una aerolínea comercial. Estas acciones terminarán creando dos problemas: dejan al gobierno civil crecientemente debilitado y desnaturalizan la función esencial de las FFAA: la seguridad nacional. En democracia el Ejército es fundamental al Estado, pero no es el Estado.
Y, como lo hemos visto en las últimas semanas, la siguiente presa es el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Este organismo es uno de los logros más grandes de la democracia mexicana en los últimos 20 años, pues permite a la ciudadanía no sólo preguntar, sino exigir saber qué hace el gobierno. Por ello es el terror de los políticos corruptos de todos los partidos.
Al igual que con otros órganos, el presidente busca que al INAI lo absorba una secretaría de su gabinete para eliminar su autonomía; pero como no tiene la mayoría constitucional necesaria, le da la vuelta a la ley. Así, vetó los nombramientos de sus nuevos comisionados, e instruyó a sus senadores no hacer nuevas designaciones, lo cual legalmente paraliza al Instituto. El INAI pidió que la Suprema Corte le permitiera trabajar mientras en el Senado quitan los obstáculos, pero una ministra afín al gobierno, Loretta Ortiz, lo impidió.
Las instituciones son para un país como los músculos para el cuerpo: se necesitan para moverse y cumplir funciones específicas. Este gobierno, con la excusa de la austeridad, está atrofiando los músculos del Estado mexicano. Los resultados ya se dejan sentir en áreas como salud o educación, y recomponer estos tejidos costará años. Defendamos lo que aún queda.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
COLABORADOR
@GUILLERMOLERDO
PAL