Uno de los principales objetivos de colonizar nuestro país hace 3 siglos fue para apoderarse de recursos naturales y riquezas de la nación como en el sector minero en donde a muchos extranjeros se les otorgaron concesiones de explotación a diestra y siniestra.
Por ello, es de aplaudirse que el presidente, Andrés Manuel López Obrador haya enviado al Poder Legislativo una propuesta que busca reformar 4 leyes y, con ello, recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano.
Recordemos que el 26 de junio de 1992, durante el gobierno de Salinas de Gortari, se aprobó la Ley Minera que permitió, desde ese año, la más amplia extracción y explotación privada en toda su historia de los recursos minerales en territorio mexicano.
Esa reforma permitió que al año 2020 ya operaran 242 empresas mineras principalmente de Canadá, Estados Unidos y China, las cuales reportaron ganancias por 15 mil millones de dólares, de los cuales sólo pagaron impuestos por la ridícula cantidad de 862 millones de dólares, lo que representa un negocio redondo para las transnacionales sin que las ganancias se reflejen en el bienestar del pueblo de México.
Por si fuera poco, dicha Ley Minera no sólo permite la intensa extracción de recursos minerales por particulares, sino también el despojo territorial y desplazamiento de pueblos y comunidades, así como la contaminación del subsuelo, ríos, manantiales y erosión de la tierra.
En síntesis, las compañías mineras conservan los privilegios económicos como cuando éramos colonia y, para poner un ejemplo, de 1992 a noviembre de 2018, los gobiernos neoliberales concedieron a extranjeros el 8% del territorio nacional para ser explotado por lo que hoy más que nunca es urgente y necesario un cambio de fondo en el sector minero, como se plantea en la propuesta de reforma de López Obrador.
Por fortuna, esta propuesta ya se encuentra en la Cámara de Diputados y desde el Grupo Parlamentario de Morena la vamos a impulsar, ya que plantea contar con el aval de los pueblos indígenas y originarios de cada región para otorgar una concesión minera misma que se reducirá de 50 a 15 años y se condiciona a disponibilidad de agua en el lugar donde se va a explotar; se precisan causales para derogar las concesiones por daños ambientales y no se podrán otorgar en Áreas Nacionales Protegidas y se establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera, entre otros puntos que, de seguirse al pie de la letra, terminarán con la minita de oro mexicano de muchos extranjeros que fueron beneficiados en gobierno anteriores.
POR JULIO CÉSAR MORENO
DIPUTADO FEDERAL DE MORENA
@JULIOC_MORENO
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