Vienen días aciagos para nuestro país, y en particular, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del Plan B presidencial, marca el inicio de un periodo de semanas que serán críticas, y que tendrá como plazo definitivo y último el 2 de junio.
Desde la publicación de la contrarreforma electoral, iniciaron los arteros ataques orquestados desde Palacio Nacional contra la Corte. Se espera que, conforme avancen los trabajos de nuestro supremo tribunal deliberativo, los ataques adquirirán tonos cada vez más elevados.
En caso de que prospere el Plan B, podríamos vernos inmersos en la crisis política más importante desde hace décadas. Las consecuencias para el INE serían devastadoras, al abolir la estructura ejecutiva indispensable para organizar con éxito la jornada electoral. Además, el gobierno tendría el control de la validación de los votos en el exterior y pondría en peligro, tanto el proceso de credencialización como los datos personales de quienes estamos en el listado nominal.
Estamos ante la inminencia de una operación de Estado para impedir la alternancia y garantizar la hegemonía de un movimiento que se ha apropiado de nuestra Nación. Ante los pésimos resultados gubernamentales en absolutamente todos los rubros de las políticas públicas, la posibilidad de una derrota para Morena es real.
Hasta hoy, el control del presupuesto federal y del aparato de la administración pública, han sido los medios para cambiar de modelo de gobierno y lograr la tan ansiada transformación presidencial: el gobierno se ha convertido en un gigantesco aparato de propaganda y difusión de ideologías caducas, todo al servicio de la depredación de los recursos públicos.
Los argumentos para impulsar al Plan B son falaces y perversos: se alude a los “altos” costos de la democracia, mientras se dilapidan recursos públicos en obras inviables y que sólo pretenden recubrir, con un aura de sensacionalismo, los constantes errores gubernamentales. Se critican los salarios de las personas servidoras públicas del INE, cuando el gobierno se ha dedicado a saquear los recursos públicos y a extender por todo el territorio nacional los tentáculos de una corrupción desmedida.
La Corte se enfrenta, desde ya, al dilema más grande de su historia: frenar la destrucción acelerada del último reducto de la democracia o permitir que las elecciones se conviertan en la muerte de la democracia, gracias a una operación de Estado que garantizará que quienes hoy saquean a nuestro país, lo sigan haciendo al menos un sexenio más.
La Corte está ya bajo asedio, y la guerra será cruenta y brutal, al hacerse uso de todos los recursos públicos posibles en medio del escándalo de una ministra acusada de plagio y exonerada a priori por el autócrata que la puso en el cargo.
Los ojos de México están puestos en nuestro máximo Tribunal. En esta coyuntura tan compleja e inédita, la Corte decidirá si se somete a los designios de quienes pretenden destruir nuestra democracia, o si, al contrario, actúa con prudencia de cara al futuro, evitando una regresión monumental al pasado, y si logra que, por encima de intereses, apetitos, presiones y amenazas, que prevalezca nuestro orden constitucional y siga teniendo vigencia el ideal de un Estado de derecho en el que la ley sea igual para todas y todos.
POR GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE.
SENADORA POR BAJA CALIFORNIA.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE.
@GINACRUZBC0
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