El 26 de febrero se realizó una concentración en el zócalo de la Ciudad de México en favor del Instituto Nacional Electoral (INE) y para protestar en contra del Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es de celebrarse que en el país se respete el derecho a la protesta y a la libre manifestación de las ideas, por más que algunas de éstas tengan un sesgo de falsedad sobre lo que establece la propia reforma.
Durante la concentración hubo mucha desinformación, ya que no pocos asistentes no sabían en qué consiste el llamado Plan B de la Reforma Electoral.
Se hablaba de la desaparición del INE, de que el gobierno planea el control de las elecciones, o de que la reforma permite la reelección del Presidente López Obrador. Incluso una de las oradoras del evento que señaló que “es una reforma maquinada para despedazar al INE y facilitar una ruta a una dictadura electoral”. Este tipo de señalamientos se hacen por mala fe o por el desconocimiento de lo que trata la reforma. Ante ello era necesario hacer una reflexión sobre su contenido.
Por ello el viernes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó en la conferencia mañanera sobre el contenido de la reforma. Uno de sus objetivos es eliminar los privilegios de la burocracia dorada del instituto, que incluye la supresión de los seguros de gastos médicos mayores, el de separación individualizada y esquemas similares de contratación, para evitar el despilfarro. La reforma garantiza el voto de las personas con discapacidad en estado de postración y facilita el voto de los mexicanos en el exterior, además de sancionar a quienes financien a candidatos y a quienes otorguen prebendas a cambio de votos.
La Reforma va por evitar que se malgaste el dinero del presupuesto, por lo que se compactan las estructuras burocráticas para hacer más eficiente y menos costoso el aparato electoral. Se ha dicho que con la Reforma se van a despedir a ocho mil trabajadores. Esto es falso. Se va a reducir el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales. Su reducción obedece a que éstas no trabajan todo el año, sólo cuando hay elecciones y gozan de sueldos que oscilan entre los 45 mil y 70 mil pesos.
La Reforma no pone en riesgo la jornada electoral, ni impide los conteos rápidos, porque éstos no los realiza el instituto, sino se contratan empresas cuyo recurso está presupuestado. Además, respecto al Programa de Resultados Preliminares (PREP), va a seguir operando y los cómputos distritales van a iniciar al momento de la captura de las actas del PREP, Será tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver a la brevedad sobre su constitucionalidad y validez.
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En fechas recientes, Rodrigo Antonio Pérez Roldán puso una denuncia contra el titular de la Secretaría de Gobernación, de la misma forma que lo había hecho contra el canciller Marcelo Ebrard por actos anticipados de campaña, ¿será fuego amigo?
POR ARTURO ÁVILA ANAYA
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