TRES EN RAYA

Tamaulipas, ¿qué pasó allí? Implicaciones

Estamos por atestiguar si el gobierno federal en verdad trata de enderezar y modificar lo que está mal o si sólo se trata, una vez más, de llenar los espacios con una narrativa ya trillada y llena de falsedades

OPINIÓN

·
Verónica Malo Guzmán / Tres en Raya / Opinión El Heraldo de México
Verónica Malo Guzmán / Tres en Raya / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

¿Cuántos muertos requiere el gobierno para llamarle una ejecución?, ¿cuántos disparos sobre una persona para entender que hubo una matazón? En la madrugada del domingo, en un operativo militar de “reconocimiento de área”, la tragedia se concentró en los cuerpos de cinco jóvenes que se encontraban desarmados, pero que igual terminaron abatidos con entre uno y 12 impactos de arma de fuego.

Lo sucedido en Nuevo Laredo es algo que nos estábamos temiendo podía ocurrir. A un mayor involucramiento militar en la vida civil del país, la posibilidad de que suceda una desgracia como la referida antes aumenta. La política de seguridad militarizada significa incrementar el riesgo para la población en lo general. La razón es sencilla: las Fuerzas Armadas no tienen el mismo tipo de capacitación ni la misma motivación en su actuar que que los cuerpos policiales civiles. Los militares están entrenados para ir a la ofensiva, enfrentar a quien tengan enfrente, estén armados o desarmados.

Y si bien lo sucedido en Nuevo Laredo no es el inicio de una ola de ejecuciones por parte de los militares, sí es algo que debe llamar a la acción y al replanteamiento de políticas y estrategias gubernamentales en una de por sí violenta realidad que nos envuelve.

Y ya van tarde, pues el asesinato de los cinco jóvenes no es un caso aislado. En los últimos cuatro años, mil civiles han sido muertos por militares en nuestro país. Cifra similar a la de los sexenios calderonista y peñista en el mismo lapso de tiempo.

Por lo pronto, y de manera inmediata, el poder Ejecutivo federal —y con ello me refiero a todo éste y no sólo al Presidente—, tiene que encontrar qué ocurrió, deslindar responsabilidades y castigar conforme a derecho —castrense, sí—, pero de forma ejemplar. Hasta ahora han sido vinculados a proceso cuatro elementos, pero por el delito de desobediencia…

Mientras más se tarden en castigar y en sacar a la luz lo que en realidad pasó, la mancha sobre el esquema militarizado impuesto por el gobierno y la desconfianza ciudadana en el Ejército irán en aumento.

Ya que el gobierno usa a los militares como brazo fuerte en materia de seguridad pública, debe al menos hacerse responsable de aclarar esta lamentable tragedia. La lógica, así como la convivencia social y el respeto a los derechos humanos, recomiendan que hay que llegar pronto al meollo de este asunto.

Desafortunadamente, dados los intereses de la autodenominada Cuarta Transformación, esto seguramente no sucederá así. La veracidad y la certeza en las cifras no es algo que preocupe al presidente López Obrador. Con más de cien mil mentiras pronunciadas tan sólo en las mañaneras y el mandatario viviendo en el país de “los otros datos”, un triste y pobre lugar ocupa la realidad.

Estamos por atestiguar si el gobierno federal en verdad trata de enderezar y modificar lo que está mal o si sólo se trata, una vez más, de llenar los espacios con una narrativa ya trillada y llena de falsedades.

Ojalá en esta ocasión sea diferente, pues lo ocurrido en Nuevo Laredo lastima no sólo a las familias de los muertos y a los propios militares y fuerzas castrenses. Hiere al país en su totalidad al perder la confianza de la población hacia los militares.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ