En el Evangelio de la Patria –como se denominaba el Calendario Cívico de México— el 18 de marzo de 1938 representa un hito en la historia, que permitió preservar nuestra soberanía energética y, con ello, propiciar el desarrollo nacional, a tal grado que en muchas ocasiones el ingreso petrolero llegó a representar más de 40 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.
El presidente Lázaro Cárdenas pudo alcanzar este éxito político dadas las condiciones internacionales que nos acercaban a la Segunda Guerra Mundial; Cárdenas comprendió con claridad los objetivos ideológicos, sociales y económicos de la Revolución Mexicana. Por eso, esta celebración corresponde a todos los mexicanos, que reconocemos en el gobierno cardenista el más importante avance del proceso del México moderno.
Todos debemos celebrarlo, pero no como el patrimonio de un grupo, de un gobierno o de un partido, es mucho más que eso, es el orgullo de tener una historia que —con luces y sombras— ha permitido preservar el destino nacional.
Qué bueno que se celebre por el presidente López Obrador, pero no como una concentración más de la absurda competencia de marchas y manifestaciones, arena en la que se está dirimiendo la polarización nacional.
En efecto, en los últimos meses el “aplausómetro público” se ha manifestado en diversas marchas de toda índole, desde la defensa de derechos feministas hasta la exigencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que defienda la constitucionalidad del derecho electoral, o algunas otras, como la reciente de los familiares y militares en retiro, cuyas exigencias sorprendieron, pues tal parece una protesta de los militares contra sus mandos superiores.
Tomar la calle constituye una forma de lucha social, que expresa los derechos constitucionales y, sin mayores problemas, preserva la democracia. Estos derechos son la única forma de conservar el camino hacia el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, como lo establece el artículo 3 constitucional en la definición de democracia.
Por otra parte, el enfrentamiento interno de partidos y grupos políticos, ha tenido consecuencias que pueden afectar a las instituciones nacionales, pues, el propio Presidente ha manifestado que su legado hacia el próximo gobierno tendrá, entre otros objetivos, desaparecer a los organismos constitucionales autónomos que son, indudablemente, formas jurídicas que permiten el equilibrio de los Poderes y la buena marcha de la nación.
El último caso, al objetar las dos propuestas del Senado para ocupar las vacantes de comisionados en el INAI, si bien está fundamentada en sus facultades constituciones establecidas en el artículo 6 de la Carta Magna, destruye el trabajo político del senador Ricardo Monreal, que alcanzó —en momentos tan críticos— la mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes para estos nombramientos. Después de la objeción presidencial, será complicado obtener la mayoría de tres quintas partes, que establece el citado precepto y, en consecuencia, se pone en riesgo la viabilidad del INAI, pieza clave de la defensa de los derechos personales y, sobre todo, de la transparencia en la información pública.
Está claro que López Obrador no quiere al senador morenista como candidato a la presidencia; es tiempo para Monreal de tomar definiciones respecto a su destino personal y de sus legítimas ambiciones políticas, dado su vasta trayectoria.
No son las personas las que cuentan en este momento, sino las instituciones que están en peligro y que afectan el destino democrático. Aprehendamos la lección de Cárdenas, creador de instituciones y verdadero patriota.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
MAAZ