¿Ha escuchado usted los anuncios de partidos políticos dirigidos exclusivamente a sus militantes, como si quienes no lo son debieran taparse los oídos?
Son parte de las simulaciones que se dan en el ámbito electoral. En el caso de los dichos spots se trata de encubrir, para superar prohibiciones legales, lo que es claramente propaganda de candidatos a gobernador que todavía no lo son formalmente.
La llegada de la 4T al poder está implicando cambios relevantes en las maneras de hacer política, por más que tal transformación halle fuertes resistencias. Uno de ellos se da en los usos y costumbres a que estábamos habituados en torno la sucesión presidencial. Antaño, para citar al fallecido líder sindical Fidel Velázquez, quien se movía no salía en la foto. Es decir, los secretarios de Estado y otros funcionarios públicos debían guardar bien sus aspiraciones presidenciales para no hacer sombra al mandatario en ejercicio.
Los tiempos comenzaron a adelantarse, en el terreno de la oposición, con la candidatura anticipada -y exitosa- de Vicente Fox, pero es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha pulverizado los tiempos y los usos y costumbres, al abrir en 2022 -dos años antes de los comicios- la sucesión presidencial desde su mañanera, citando incluso los nombres de los anteprecandidatos.
Estos, de diferente forma, pasan apuros para disfrazar sus recorridos por el país y otros actos proselitistas que no dicen su nombre. Están conscientes de que tener presencia en la capital no es suficiente para ganar una elección nacional.
En tanto, dividida y por momentos al borde de la ruptura, la oposición -PAN, PRI y PRD- no ha acertado a diseñar una estrategia competitiva. Sus figuras no poseen presencia nacional y no es seguro que logren aglutinarse en torno a un solo candidato. Hay un aspirante que está recorriendo amplias zonas del país, el todavía priista Enrique de la Madrid, pero habrá que ver si obtiene la candidatura de Va por México, cuya definición estara prioritariamente en manos panistas.
Así las cosas, es pertinente preguntarse si no es tiempo de flexibilizar la normatividad prolija y rígida, que era explicable en un sistema cerrado, pero no en uno como el actual donde el Presidente abre anteprecandidaturas, sin temor a perder fuerza política.
En este contexto chocan dos visiones divergentes: a) la tradicional que prescribe la abstinencia de hacer cualquier tipo de propaganda fuera de los períodos previstos, y fija las sanciones correspondientes, y b) la aperturista que postula la libertad para aspirantes, sean funcionarios públicos o no, con el argumento de que es contra natura prohibirle hablar de elecciones a un político.
Hay partidarios de ambas posturas y no son menospreciables sus argumentos. Pareciera que los tiempos no alcanzan para cambiar las reglas del juego de cara al 2024, menos aún con el rechazo opositor al llamado Plan B, pero convendrá ir pensando en una evolución de la normatividad actual.
PLUS ONLINE: ventaja de los funcionarios públicos. Es evidente que los nuevos tiempos de México demandan nuevas condiciones político-electorales, pero son grandes las dificultades para instaurarlas.
Hay rescoldos del pasado reciente que se resisten a extinguirse y que no están contenidos en el Plan B de reforma electoral, cuyo destino es incierto a causa de las controversias y amparos que ya comenzaron a llegar al Poder Judicial Muchas de las restricciones hoy vigentes en materia de campañas electorales tienden, por buenas razones, a acotar a los funcionarios gubernamentales, de cara a la ventaja que, en términos de visibilidad pública, significa el desempeño de su cargo.
Sin embargo, ese acotamiento ha sido ineficaz porque hay candidatos que violaron impunemente la ley y ganaron los comicios, y
el caso más relevante en este siglo es el de Enrique Peña Nieto.
Además, pese a la ventaja que la función pública otorga a los políticos que la ejercen, en este siglo ha habido una triple alternancia
en la Presidencia de México -PRI-PAN, PAN-PRI y PRI-Morena-, una circunstancia que abona a la revisión de las limitaciones excesivas.
Eso sí, rubros que no admiten flexibilización son la fiscalización a los gastos en campaña electoral y la persecución rigurosa a cualquier desviación de recursos públicos hacia actividades comiciales.
POR EDUARDO R. HUCHIM
@EduardoRHuchim
LSN