Esta semana se aprobó en el Senado el segundo dictamen de reformas electorales, conocido como “Plan b” propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se modifican las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, del poder judicial y de los medios de impugnación en materia electoral.
Destaca la eliminación de las juntas distritales del INE, así como una reducción del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional. Además, cambia la estructura de los organismos públicos locales electorales y acorta los tiempos de reclutamiento de las personas capacitadoras electorales.
Lo que ocurrió este miércoles en la Cámara de Senadores dista mucho de las virtudes y responsabilidades legislativas que, en teoría, deberían dar certeza al ejercicio democrático y ponen en duda el Estado de Derecho, banalizando los ordenamientos y procesos constitucionales defendiendo posturas sin conocimiento de causa, sin siquiera leer los contenidos, llevando el nivel de la conversación directamente a las descalificaciones y ataques personales.
Ya se anunciaba que, en caso de ser aprobadas estas modificaciones de ley, gracias a este “desaseo” con el que legisladores en ambas cámaras pretende asimilar una reforma constitucional con una mayoría que hoy no tienen, se presentarán desde la oposición acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, en donde el ministro Alberto Pérez Dayán concedió medida cautelar solicitada por diversos actores públicos y privados para que se suspenda, por lo pronto, la aplicación de estas modificaciones denominadas “Plan B” en los procesos electorales de Estado de México y Coahuila.
Lo anterior, en virtud de que no se puede cambiar una ley electoral noventa días antes del comienzo de las elecciones, por lo que era esperable la aceptación de esta medida. En ese sentido, es importante señalar que las elecciones estatales previas a las de 2024 se llevarán con la ley electoral vigente, lo que beneficia al grupo en el poder en esas entidades al limitar los tiempos y formas de propaganda electoral aunque al oficialismo decida vulnerar la ley anticipando años atrás los esfuerzos de transición política.
Previendo esta decisión en el Senado, actualmente se trabajan diversas acciones de inconstitucionalidad y controversias para aquellos actores facultados para eso, sin embargo, aún falta por saber lo que ocurrirá desde la sociedad civil, considerando los hitos coyunturales de esa “otra ciudadanía” que cuestiona la forma con la que se me conduce el grupo en el poder y los resultados, o la falta de ellos, que se sigue presentando indistintamente de la promesa transformadora que tanto defienden.
POR AZUL ETCHEVERRY
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