En los próximos días, el Senado discutirá el único artículo que falta de aprobar de la regresiva y tóxica contrarreforma electoral presentada por el oficialismo, conocida como Plan B, que —por lo menos legislativamente— pretende poner el clavo final a la transición democrática.
Así, se perderán años de lucha, no excenta de violencia y persecución política, que hicieron posible la alternacia en el gobierno y una república democrática con comicios imparciales y confiables. Como recordarán nuestros lectores, en diciembre pasado, al cierre del periodo ordinario de sesiones, los diputados del oficialismo aprobaron por mayoría simple una serie de reformas en materia electoral, las cuales se agruparon en dos minutas.
La primera fue la que reformó la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Respecto de dicha legislación se han presentado diversas acciones de inconstitucionalidad ante la Corte. Una de ellas fue interpuesta por el PAN y, tal y como lo señaló el presidente Marko Cortés, confiamos en que el pleno de la Corte y su nueva presidenta rechacen estas reformas.
En las Acciones de Inconstitucionalidad presentadas, se argumenta que la reforma implica una norma deficiente que no cumple con los parámetros previstos en los párrafos primero, séptimo, octavo y noveno del artículo 134 de la Norma Fundamental, en relación con el diverso 7º constitucional, así como con las consideraciones de la propia Corte, sostenidas al resolver el amparo en revisión 308/2020 y la Acción de Inconstitucionalidad 46/2022. En los hechos, con estas reformas el gobierno pretende legitimar las campañas ilegales de Claudia Sheinbaum, Andrés López Beltrán y Marcelo Ebrard, así como las violaciones en que incurre el Ejecutivo en sus mañaneras.
Las acciones de inconstitucionalidad se fundamentaron en que todos los hechos que se suscitaron alrededor de la aprobación del decreto, fueron una abierta violación al procedimiento legislativo. Se vulneró al principio de discusión democrática, al no permitir escuchar y atender los reclamos de los interesados. Estas reformas que impugnamos pretenden permitir la simulación de propaganda política disfrazada.
El segundo decreto de esta contrarreforma fue devuelto al Senado y consta de cuatro ordenamientos. A esta minuta se le realizó una modificación en lo relativo al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que constaba de la cláusula llamada “de vida eterna”, que permitía a los partidos celebrar un convenio de distribución de votos emitidos al postular candidatos bajo la figura de candidatura común.
De aprobarse, la oposición presentará los argumentos necesarios para defender el marco jurídico electoral ante los atropellos legislativos. Los diputados del PAN hacemos votos porque la Corte realice el análisis correspondiente a las Acciones y Controversias de Inconstitucionalidad y garantize el principio de certeza en materia electoral. Estamos frente a un peligroso atentado a la democracia y a la tentación de la instalación de un sistema autoritario.
POR JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN
@JORGEROHE
MAAZ