En días pasados aprobamos la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, uno de los grandes temas que se encontraban pendientes en el Senado de la República.
Este nuevo ordenamiento privilegia el diálogo en la solución de conflictos antes de que éstos lleguen a los tribunales.
Es una ley que favorece y antepone la conciliación sobre litigios tardados y costosos; una ley en la que no hay partes vencedoras y perdedoras, sino acuerdos mutuos que benefician a todos los implicados, además de que impulsa la cultura de la paz.
Esta ley desempeña un papel crucial, tanto en México como a nivel global, al ofrecer vías eficientes y flexibles para resolver disputas fuera del sistema judicial tradicional, con mecanismos como la mediación y el arbitraje, que permiten una resolución más rápida y menos costosa.
En el contexto mexicano, la implementación de esta ley fomenta la confianza en el sistema legal y agiliza la administración de justicia. Además, contribuye a descongestionar los tribunales, permitiéndoles centrarse en casos más complejos y de mayor envergadura, marcando así un avance significativo hacia sistemas judiciales más eficientes y accesibles.
A nivel mundial, la adopción de mecanismos alternativos refleja una tendencia hacia enfoques más colaborativos y eficaces en la solución de disputas transfronterizas. Facilita la cooperación entre distintos sistemas legales y culturas, promoviendo la equidad y la justicia en el ámbito internacional.
En nuestro contexto, la ley propone nuevos ordenamientos en el marco jurídico mexicano para la solución de controversias en materia, civil, mercantil, familiar, comunitaria, escolar, condominal, indígena, administrativa, propiedad intelectual, derechos de autor, fiscal, agraria, medio ambiental y electoral, entre otras.
El objetivo es garantizar el acceso al derecho humano a la justicia, reconocido por la Constitución General y tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte.
Al mismo tiempo fueron reformadas las Leyes Orgánicas del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el objetivo de regular y homologar los principios para la gestión pacífica y colaborativa de las controversias.
Se trata de la impartición de justicia cotidiana, para dirimir las diferencias entre personas, por ejemplo, en materia de pensión alimenticia, custodia, arrendamiento de inmuebles o herencias.
Con estos y otros mecanismos, como bien lo señaló la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, “quienes estén implicados en conflictos no tendrán que acudir a tribunales para resolverlos, podrán hacerlo sentados en una mesa o a través de un mediador”.
En esencia, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias evitará que las personas enfrenten juicios que se convierten en procedimientos interminables, con todos los recursos y las impugnaciones que implica la impartición de justicia formal. Van a tener la alternativa de resolver sus problemas, con la ventaja de que no habrá una sentencia donde uno gana todo y otro pierde todo, sino que se busca que ganen las dos partes implicadas en un diferendo.
Por María Merced González
*Senadora de Morena por Hidalgo
EEZ
