“Instruí a la Secretaría de Seguridad dar atención y seguimiento puntual hasta garantizar la seguridad a los pobladores de las comunidades de la zona”.
“He instruido particularmente al Secretario de Gobernación para que coordine las acciones que permitan trabajar en la reaprehensión de este delincuente”.
Aunque se trata de dos frases similares, que podrían reflejar un mismo estilo de gobernar y tratar de resolver realmente los problemas de inseguridad, su autor no es el mismo.
La primera fue pronunciada por la actual gobernadora del Estado de México el pasado 9 de diciembre, un día después del enfrentamiento entre integrantes de la Familia Michoacana y pobladores de Texcapilla, municipio mexiquense de Texcaltitlán, luego de que los presuntos delincuentes acudieran a dicha comunidad a extorsionarlos (cobrar piso) a cambio de dejarlos trabajar sus tierras, con un saldo de 14 personas muertas (11 miembros del citado grupo delictivo y 3 vecinos de dicha población) y 4 lesionadas.
La segunda fue pronunciada por el presidente Enrique Peña Nieto el 12 de julio del 2015 a propósito de las acciones tendientes a reaprehender a Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo” luego de que se fugara del penal de alta seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México.
El “cobro de piso” perpetrado contra campesinos por cada metro cuadrado de siembra, puede considerarse la fase superior de la extorsión, ya que es muy difícil denunciar ante el Ministerio Público y aún más difícil probar ante el juez que fueron objeto de un hecho que la ley señala como delito, puesto que la tierra ni siquiera ha sido sembrada y mucho menos producido algo que pueda comercializarse y adquirir un valor monetario.
Si la extorsión es difícil de comprobar y su cifra negra (delitos no denunciados) ronda el 99.83% a nivel nacional, tratándose de “cobro de piso” la cifra negra es prácticamente del 100%, debido a que es más difícil de denunciar, aunque no imposible.
Lo que sí comprueban este tipo de acontecimientos es el hartazgo de la gente que es víctima de la delincuencia y la falta de atención por parte de la autoridad, empezando por la estatal que se limitó a instruir a que se le diera seguimiento, visitar el municipio totalmente “blindada” y pronunciarse en favor de la paz, como si este tipo de acciones bastaran para resolver el problema de fondo. Lo otro que comprueba este hecho es el “control territorial” por parte de los grupos delictivos.
Por lo que toca al gobierno federal, no puede venir a decirnos el presidente de la República que faltando escasamente 9 meses y medio para que concluya su administración, que debemos combatir entre todos el narco y las extorsiones, esa es su responsabilidad, para eso quiso gobernar, para eso cobra cada mes, para eso dispone del uso legítimo de la fuerza y es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas; los demás podemos coadyuvar pero no es nuestra responsabilidad. Hay que recordar que cobrar sin trabajar también es corrupción.
Otra historia sería si el titular del ejecutivo federal escuchara a la gente que no votó por él, las víctimas y sus familias, a la sociedad civil organizada, esa que tanto detesta porque siente que si le da voz le va a restar poder político.
Por cuanto a la atención de las causas, los frutos se cosechan a mediano y largo plazo; no está mal incorporarlas a la solución de la violencia y la delincuencia, está mal apostar a que por sí sola resuelva un problema de tal magnitud. No olvidemos que prometió reducir los homicidios dolosos y robos en un 50% y que a estas alturas viviríamos en paz, pero bueno habrá que aprovechar estás que serán sus últimas posadas y estará de moda la frase “ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó”.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
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