El diseño y tratamiento en el control de adicciones en el país, siempre será un componente central para entender el enfoque que tiene acerca de sus políticas públicas una nación. A través de su implementación, se puede dilucidar si es de tipo: reactivo/ coercitivo o preventivo/ regenerativo.
Lo anterior, pareciera ser muy obvio, pero no lo es; de hecho, el análisis de las visiones en la política de salud y prevención de adicciones en la mayor parte de los países del mundo tiene siempre un tinte punitivo y ligado a la marginación o exclusión social que se distancia con prontitud de lo que debería ser, la esencia de este fenómeno societal: las adicciones entendidas como un problema de salud.
Una vez entendido lo anterior, se puede razonar que en el contexto de la renovación de los próximos cargos de representación popular en la Ciudad de México y en especifico de la jefatura de gobierno, es claro que un aspecto que debe tomarse en consideración es el de la rehabilitación de los segmentos poblacionales afines al uso de sustancias ilegales nocivas para la salud.
En este contexto, poco se conoce al exterior de Iztapalapa, pero Clara Brugada ha sido impulsora de uno de los programas de atención al consumo de drogas más vanguardistas del país: el que forman los Centros de Atención Integral para Personas Usuarias de Sustancias Psicoactivas y sus Familias, los llamados “Centros Colibrí”.
Y es que inclusive, a contracorriente con la política pública a nivel federal, la ex titular del poder ejecutivo en Iztapalapa apostó por privilegiar un enfoque integral que gravitara alrededor de las actividades sobre el tratamiento en el consumo de sustancias psicoactivas.
¿Qué significa esto?
Significa que los centros “Colibrís”, no criminalizan y castigan; sino que contrario a este razonamiento tradicional comprenden y ayudan a las personas que se acercan a pedirles ayuda. En otras palabras, atienden a la persona desde el enfoque de que el individuo, necesita ayuda psicológica, medica, terapéutica y por supuesto, deportiva, porque es un paciente en tratamiento que debe ser reincorporado a su vida en sociedad y no excluido de esta última.
Lo anterior ayuda a entender porque durante los últimos dos mandatos de Brugada al frente de la Alcaldía se han creado doce Centros Colibrí, localizados en los centros multiculturales denominados “Utopías”, así como en diferentes Casas de Salud de Iztapalapa. Se trata como puede apreciarse, de un esfuerzo gigantesco para un gobierno local que no tiene precedentes y cuya innovación, no solo podría limitarse al incremento en infraestructura, sino a la innovación multisistémica que propone este nuevo modelo de atención de acciones.
Pero en concreto, ¿Qué hacen los Centros Colibrí? En una frase: ofrecen servicios especializados a usuarios de sustancias psicoactivas. Asesoran y brindan atención terapéutica individual y grupal a consumidores y a sus familiares.
Quienes ahí trabajan, todos ellos certificados por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, lo hacen desde un enfoque de derechos humanos y no prohibicionista. Pero lo mejor, están a la altura de las mejores y más vanguardistas prácticas internacionales en la materia.
Todo en conjunto, genera un universo integral y visionario que pudiera imaginarse como un eje articulador de un sólido enfoque de política pública en el mediano y largo plazo que debiera probarse en otros estados de la república para fungir como un enorme faro en medio de las penumbras que se ciernen en la actualidad en México alrededor de este fenómeno.
Por otra parte, existen tres premisas que son inherentes a la existencia de los Centros Colibrí. En primer lugar, que las personas que consumen sustancias son ciudadanas y, por tanto, sujetas de derechos, lo cual es muy importante, porque fortalece un clima de respeto y comunicación entre paciente y doctores. Esto implica que el Estado debe ofrecerles servicios de salud, no quitárselos.
En segundo lugar, que no todo uso de estupefacientes equivale a una adicción. Esto quiere decir que, existe el consumo responsable; sin embargo: el uso problemático de sustancias es la excepción y no la regla. Este cambio en la óptica de tratamiento y razonamiento de la adicción del paciente es crucial para generar diferentes soluciones integrales al problema en su conjunto.
Finalmente, en tercer lugar, el consumo de drogas ilegales no siempre, (y casi nunca), conlleva a dinámicas criminales, ya que, hasta ahora, aún no existen estudios masivos o evidencia contundente, que demuestre la correlación entre uno y otro fenómeno. En ese entendido, se entiende que las personas que asisten a esa clase de lugares no son delincuentes; por lo que las autoridades, no deben tratarlos como tal.
Por último, es deseable (y prioritario), que quien gane la elección a la jefatura de gobierno en junio de 2024, expanda los Centros Colibrí a toda la ciudad. Inclusive valdría la pena proyectar algo más: un amplio programa de reducción de daños en el que intervengan federación y gobierno local. Todo con el objetivo de que los gastos fueran compartidos y pudiera expandirse este programa en el menor tiempo posible, a otros rincones del país.
Todo lo anterior, podría ejemplificarse como la aplicación de estrategias que minimicen las consecuencias adversas provocadas por el consumo de drogas. Además, de implementar programas de intercambio de jeringas para evitar infecciones de VIH o hepatitis, servicios de identificación de sustancias en eventos masivos, así como la edificación de centros de consumo supervisados o tratamientos de sustitución de opiáceos. El objetivo primordial estaría enfocado en minimizar las consecuencias negativas en el consumo de drogas, no encerrar más gente en las cárceles y reducir los niveles de estigmatización social que existe en el imaginario colectivo en este país. En Iztapalapa lo han entendido bien, es tiempo de extender este nuevo modelo de atención multisistémico a la totalidad de la Ciudad de México, para convertirla una vez más, en el epicentro y el principal referente de las políticas públicas de salud en el país.
Son tiempos de innovación y crecimiento, pero, sobre todo, de implementar nuevas rutas para abordar el catártico problema de seguridad publica que afrenta el corazón de la sociedad nacional desde hace décadas.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INAP
EEZ