En su artículo 12, la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad, es decir “el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente” y lo reconoce como “un derecho colectivo”.
Los instrumentos que la misma Constitución contempla para garantizar este derecho se encuentran en el artículo 12, el Plan General de Desarrollo (PGD) el cual es de carácter obligatorio y se establece “definirá las políticas de largo plazo” y tendrá por “objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio territorial y la transformación económica”. Y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el cual “será el instrumento que regulará la transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de la misma para su desarrollo sustentable”.
Ambos instrumentos son fundamentales para la gestión y planificación del desarrollo de la Ciudad de México en el presente sin comprometer el futuro, los dos juegan roles específicos para la toma de decisiones y la gestión del desarrollo urbano, se trata de garantizar un desarrollo más ordenado, sostenible y equitativo, al tiempo que se protege el patrimonio cultural y ambiental y se promueve la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones.
Por su importancia requieren altura de miras para garantizar el uso eficiente del territorio y proteger el medio ambiente, de ellos dependerá cómo se desarrollará y la forma en la que crecerá la urbe en los próximos 20 años en el caso del PGD y en los próximos 15 en caso del PGOT.
Si bien, la Constitución Política de la Ciudad de México de 2017 establecía que los el PGD y el PGOT tenían que publicarse en 2019, nos encontramos en octubre de 2023 y éstos aún no han sido publicados, por fallas en el proceso de consulta y errores jurídicos que han sido señalados por legisladores locales, pero también por la ciudadanía.
En este sentido, el pasado junio, recibimos en el Congreso de la Ciudad de México, nuevas propuestas de PGD y PGOT, las cuales tenemos por ley hasta 6 meses para analizar, discutir y en su caso aprobar. Para este proceso es indispensable la participación de la ciudadanía, particularmente de la sociedad civil organizada, los pueblos originarios y académicos que hasta el momento se han mostrado inconformes respecto al contenido y la limitada participación.
Como diputada local es mi deber construir soluciones a las justas demandas ciudadanas, cuidar y garantizar su participación a través de un parlamento abierto que contribuya a mejorar la planeación de la ciudad para los próximos 20 años, para que sea una ciudad de todas y de todos.
Si bien, en próximos días se llevarán a cabo los foros aprobados por las comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, es necesario ampliar la participación para que se garantice que ningún sector quede fuera.
Activistas, académicos y pueblos originarios han denunciado que dejar su opinión fuera de estos documentos, que serán instrumentos fundamentales para el desarrollo de la metrópoli, no reivindicaría el derecho a la ciudad, generaría marginación y pondría en peligro zonas de conservación o la sostenibilidad de la ciudad.
Por ello, es importante que todas y todos participen, que la discusión trascienda a los foros, que hagamos un ejercicio de parlamento abierto que garantice no sólo un desarrollo ordenado, sino también más incluyente y sostenible. El Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial deben ser con la participación de todos los sectores o no cumplirá con su propósito final de planear una ciudad para todas y todos.
POR TANIA LARIOS
SECRETARIA GENERAL DEL PRI CDMX
@TANIALARIOSMX
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